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Presidente SCJ: RD tiene la mayor tasa en AL de muertes por accidentes de tránsito

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. República Dominicana tiene un índice de 29,3 muertes por accidentes de tráfico por cada 100,000 habitantes, el mayor de América Latina y el Caribe, refirió este jueves el presidente […]

Yuris
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República Dominicana tiene un índice de 29,3 muertes por accidentes de tráfico por cada 100,000 habitantes, el mayor de América Latina y el Caribe, refirió este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía.

Mejía entregó los datos en una conferencia de prensa en la cual anunció que se instruyó al Ministerio Público que solicite prisión preventiva cada vez que se presente un caso donde conductores provoquen accidentes por ir bajo los efectos del alcohol o exceso de velocidad y en el que haya una o más personas lesionadas o muertas.

Durante la declaración, donde también participó el procurador general del país, Francisco Domínguez Brito, los funcionarios indicaron que anualmente se producen entre 1,600 y 2,000 muertes por esta causa.

«Basta ya de tantos muertos en la República Dominicana, lo que vimos la pasada semana, donde probablemente intervino una conducción temeraria, lo que vimos la semana antepasada en los mismos alrededores, estamos hablando de que en menos de quince días ha habido alrededor de 15 muertos o más por esta causa, esto no puede seguir así», subrayó Mejía.

En las últimas dos semanas se registraron dos grandes accidentes en el noreste del país donde se vieron implicados camiones y autobuses que las autoridades relacionan con lconducción temeraria.

Mejía agregó que en los casos donde no se observan las reglas mínimas de prudencia, que generen muertes o lesiones permanentes graves, de conformidad con la magnitud del accidente, los fiscales deben pedir prisión preventiva contra estas personas y procurar que sean condenados penalmente independiente de la sanción civil.

Declaró que por tradición en los últimos 20 ó 30 años sólo se han impuesto garantías económicas o medidas no restrictivas de libertad, algo, subrayó, que debe cambiar.

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