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El Gobierno boliviano dispuso el traslado de la expareja del presidente Evo Morales, la empresaria Gabriela Zapata, de la cárcel femenina de Obrajes al penal de Miraflores, ambos en La Paz, alegando motivos de seguridad.
El Ministerio de Gobierno (Interior) informó en un comunicado sobre la disposición tomada por la Dirección General de Régimen Penitenciario, amparada en una norma que permite el traslado de una cárcel a otra en favor de la seguridad de un interno o de la población penitenciaria en general.
La cárcel de Obrajes remitió un informe el miércoles que indica que Zapata «estaría causando malestar, intranquilidad y la división dentro de la población penal», según el Ministerio de Gobierno.
La empresaria ingresó en prisión el pasado 28 de febrero tras haber sido acusada por el Gobierno de la supuesta autoría de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias en grado de complicidad y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
La relación de Morales y Zapata fue revelada a principios de febrero por el comentarista de televisión Carlos Valverde, quien expresó su sospecha de que la firma china Camce, donde trabajaba ella, se ha beneficiado con varios contratos millonarios del Estado.
El mandatario ha rechazado las denuncias y ha pedido que sean el Parlamento y la Contraloría General, manejados por el oficialismo, los que investiguen esas denuncias.
El caso se ha complicado por la polémica sin fin sobre la existencia de un hijo que Morales y Zapata tuvieron en 2007.
Morales primero dijo que el menor murió por enfermedad tras nacer y, en medio de versiones contradictorias, algunos ministros afirmaron después que ni siquiera nació, mientras que Zapata ha sostenido que el niño sí existe y ha pedido protección internacional para presentarlo.
En medio de la polémica, la Fiscalía decidió esta semana ampliar la imputación contra Zapata por cuatro nuevos delitos de falsedad por el supuesto uso que hizo la mujer de un certificado de nacimiento del hijo que tuvo con el presidente y que, según el Ministerio Público, es un documento falsificado.
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