Condenan a 80 meses dos exministros del expresidente Álvaro Uribe

BOGOTA, Colombia (AP).– La Corte Suprema de Justicia anunció el miércoles la condena a 80 meses de cárcel para dos ex ministros del ex presidente Álvaro Uribe por hechos de corrupción relacionados con el trámite de su reelección en el Congreso a mediados de 2004, informó el alto tribunal.

La sentencia recayó en el ex ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, y el de Protección Social, Diego Palacio, informó por teléfono la oficina de prensa de la Corte.

Ambos fueron condenados como responsables del delito de «cohecho por dar u ofrecer», es decir, por ofrecer o entregar dadivas a congresistas por votar a favor del proyecto de acto legislativo que permitía la reelección presidencial del entonces mandatario Uribe.

Los hechos ocurrieron el 2 y 3 de junio de 2004 durante el trámite de la ley en la Cámara de Representantes.

También fue condenado a 60 meses por el mismo delito el primer secretario general del gobierno de Uribe (2002-2010), Alberto Velásquez Echeverri.

Uribe no reaccionó de inmediato a la condena en contra de sus tres ex colaboradores.

A principios de 2008, la ex legisladora Yidis Medina dijo en varios medios de comunicación que cuatro años antes, cuando era congresista, funcionarios del gobierno de Uribe «compraron» su voto y el de varios de sus colegas para que apoyaran el proyecto de ley que buscaba autorizar la reelección del jefe de Estado.

Producto de esa autoincriminación Medina fue condenada en junio de 2008 por la Corte Suprema a 48 meses de prisión por cohecho propio.

A la misma investigación está vinculado el ex secretario general de la Presidencia de Uribe, Bernardo Moreno, quien el viernes conocerá la condena por su probada participación en una red de espionaje a magistrados, periodistas y activistas.

Pretelt, Palacio y Moreno, según Medina, le habrían ofrecido cargos públicos a cambio de que votara a favor del proyecto de ley de reforma constitucional que permitiera la reelección de Uribe.

Los tres ex funcionarios siempre han negado esas acusaciones y, por el contrario, han pregonado su inocencia.

Por los mismos señalamientos de Medina cursa contra Uribe una indagación preliminar en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la instancia que según las leyes colombianas puede investigar a un jefe de estado. La comisión, que en Colombia es famosa por su ineficacia, no se ha pronunciado de fondo sobre el caso.

Otro ex ministro de Uribe, Andrés Felipe Arias, titular de la cartera de Agricultura, fue condenado el año pasado por probadas irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas millonarios. Arias huye de la justicia colombiana y hoy vive en Estados Unidos en espera de que se le conceda asilo.

Además, la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad –la policía secreta–, María del Pilar Hurtado, también espera conocer el viernes la condena en su contra por los mismos hechos de espionaje de Moreno.

El 30 de enero pasado rindió interrogatorio en la Fiscalía Óscar Iván Zuluaga, que fue el candidato del uribismo en las elecciones presidenciales del año pasado y quien es investigado por sus nexos con un experto en informática que espiaba a los delegados del gobierno y de las FARC en el marco del proceso de paz que las partes adelantan en Cuba desde fines de 2012.

Finalmente, el que fuera director del DAS entre 2002 y 2005, Jorge Noguera, está condenado a una pena de 25 años por varios delitos, entre ellos el homicidio –a manos de paramilitares– de un profesor universitario y activista.

Uribe siempre ha defendido a sus ex funcionarios y ha dicho que su procesamiento obedece a «una venganza criminal» contra su gobierno.

El movimiento político uribista Centro Democrático ha alegado persecución política por parte de la justicia y, sobre todo, del gobierno de Santos.