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Santo Domingo.- El caso Jordi Veras y específicamente lo concerniente a Adriano Román es un hecho que todavía mantiene a la población en expectativa, especialmente porque todo fue concertado desde el centro penitenciario. A raíz de la sentencia, todos los implicados fueron trasladados al centro correccional Rafey y se teme que la integridad física de alguno de ellos esté comprometida por falta de protección.
Luisa Liranzo, procuradora Fiscal de Santiago, entiende que tanto el Ministerio Público como la dirección de Rafey deben poner especial atención en la seguridad de los internos y muy en especial del condenado Adriano Román por la calidad de su historial delictivo.
Se espera que se tomen políticas específicas respecto a Francisco Carela Castro, quien confesó el crimen contra Jordi Veras y por lo cual le fue impuesta la pena de 10 años de prisión, aportando pruebas contundentes en contra de Román, lo que lo colocaría en un estado de vulnerabilidad dentro del recinto.
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