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El Centro Bonó consideró que las reformas al Código Procesal Penal constituyen un retroceso al estado de derecho de los dominicanos.
Durante un análisis con la participación de expertos constitucionalistas, establecieron que las modificaciones contradicen varios artículos de la constitución.
Consideraron que el cambio al artículo 85 para limitar el derecho ciudadano de querellarse contra funcionarios públicos es una amenaza a la institucionalidad democrática.
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