Rosalba Ramos explicó que el Registro de Agresores Sexuales requerirá una condena y una orden judicial, y aclaró que no será de acceso público general.
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Santo Domingo.– La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, explicó que el Registro de Agresores Sexuales contemplado en el nuevo Código Penal dominicano no incluirá automáticamente a cualquier persona denunciada por una infracción sexual.
Durante una explicación en el programa 55 Minutos, Ramos precisó que el registro forma parte de las medidas de seguimiento sociojudicial que puede imponer un tribunal a una persona condenada. Por tanto, su aplicación requiere una decisión judicial que establezca la responsabilidad penal y ordene la inscripción.
La fiscal destacó que este procedimiento debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. En ese sentido, aclaró que una denuncia, una investigación o una acusación no son suficientes para incorporar a una persona al registro.
“No basta una denuncia, una investigación, ni una acusación, debe existir una decisión judicial que determine la responsabilidad penal y ordene esta medida”, explicó Ramos.
Imagen ilustrativa
¿Para qué servirá el Registro de Agresores Sexuales?
Ramos indicó que esta herramienta permitirá al Estado identificar a determinadas personas condenadas por infracciones sexuales y facilitar su seguimiento después de cumplir una pena de prisión.
La inscripción podrá funcionar junto con otras medidas de supervisión, entre ellas:
Informar los cambios de residencia o empleo.
Mantener distancia de la víctima y evitar acercamientos.
Participar en programas de reeducación.
Quedar inhabilitado para ejercer cargos, empleos u oficios que impliquen una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes.
La procuradora fiscal señaló que el Ministerio Público administrará el registro, mientras que el juez de ejecución de la pena tendrá a su cargo el control.
El registro no será una lista pública
Otro de los puntos que Ramos consideró necesario aclarar es que el Código Penal no establece que el registro sea una lista abierta para que cualquier ciudadano consulte nombres, fotografías y direcciones de las personas inscritas.
También explicó que la normativa todavía no define todos los aspectos operativos de esta herramienta, como los datos que contendrá, las autoridades autorizadas a consultarla y las instituciones que podrán solicitar certificaciones.
Entre los aspectos pendientes de desarrollo mencionó:
Los datos personales que contendrá el registro.
Las autoridades e instituciones que tendrán acceso.
El procedimiento para solicitar certificaciones.
Las condiciones de consulta y protección de la información.
Lo que ocurrirá cuando concluya el período de inscripción ordenado por el tribunal.
Ramos sostuvo que estos elementos deberán desarrollarse bajo criterios de protección de datos personales, intimidad, proporcionalidad y reinserción social.
Modelos de acceso y protección de datos
Al referirse a experiencias de otros países, la fiscal explicó que existen distintos modelos de registros. En algunos lugares de Estados Unidos, parte de la información es pública, mientras que en otros el acceso queda restringido a las autoridades o se comunica cuando existe un riesgo concreto para un menor de edad.
Advirtió que la publicación indiscriminada de datos puede provocar estigmatización y represalias, además de dificultar la reinserción social de las personas condenadas.
“El desafío dominicano no será solamente crear el registro, será convertirlo en una herramienta confiable de prevención y seguimiento”, expresó.
Finalmente, Ramos señaló que el registro puede contribuir a gestionar los riesgos, pero no sustituye la denuncia, la investigación, la educación sexual preventiva, la atención a las víctimas ni la supervisión efectiva de las personas condenadas.
La procuradora concluyó que la utilidad de esta medida dependerá de su capacidad para prevenir nuevas agresiones, con información actualizada, controles de acceso y consecuencias claras ante posibles incumplimientos.