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Autoridades municipales y comunitarios de Sabana Iglesia protestaron por el derribo de ranchos ubicados en las inmediaciones de la presa de Tavera. Calificaron la intervención como un atropello y solicitaron al presidente Luis Abinader investigar el operativo.
Durante la protesta, el comunitario David García presentó un documento legislativo de 2001 que, según explicó, propone declarar a Sabana Iglesia como polo turístico.
La alcaldesa Joselín Pichardo informó que desde la noche anterior había presencia militar en la zona. También indicó que este miércoles las autoridades impidieron el acceso hacia el embalse mientras equipos demolían las estructuras.
Por su parte, el regidor Andy de la Rosa aseguró que el Ayuntamiento no recibió notificación sobre el operativo. Sostuvo que la intervención afectó a entre 15 y 20 familias, o incluso más.
¿Qué denunciaron las autoridades municipales?
Durante sus declaraciones, los representantes municipales señalaron varios aspectos del operativo:
- Presencia militar: la alcaldesa afirmó que los militares estaban en la zona desde la noche anterior.
- Restricción del acceso: según Pichardo, este miércoles impidieron el paso hacia el embalse mientras se realizaban las demoliciones.
- Falta de notificación: el regidor Andy de la Rosa sostuvo que el Ayuntamiento no fue informado sobre la intervención.
- Familias afectadas: De la Rosa estimó que entre 15 y 20 familias, o más, resultaron perjudicadas.
Cuestionan restricciones en la zona
Las autoridades municipales consideran que las restricciones en el entorno de la presa limitan las posibilidades de desarrollo turístico de Sabana Iglesia.
En ese sentido, contrastaron las medidas aplicadas en esa comunidad con la presencia de construcciones en otras localidades cercanas.
Como parte de sus reclamos, los comunitarios recordaron el documento legislativo de 2001 presentado por David García, que plantea declarar a Sabana Iglesia polo turístico.
Los representantes municipales pidieron que se investiguen las circunstancias en que se realizaron las demoliciones y que se tome en cuenta la situación de las familias afectadas.
Hasta el momento, las declaraciones ofrecidas por los representantes municipales y comunitarios no incluyen una versión de las instituciones responsables del operativo.

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