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Santo Domingo, RD. – Un conjunto de organizaciones evangélicas y entidades de la sociedad civil presentó ante el Tribunal Constitucional una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, modificada por la Ley núm. 44-26.
La acción es encabezada por el Lic. Santos Acosta Herasme, director de la Pastoral Jurídica de la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO), quien actúa en nombre propio y como abogado apoderado de las instituciones coaccionantes. El recurso procura que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad de determinadas disposiciones del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la Constitución dominicana.
Entre las instituciones que figuran como coaccionantes se encuentran:
- La Alianza Evangélica Dominicana (AEDO)
- Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID)
- Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue)
- Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (Conacope)
- Confraternidad Evangélica Dominicana (Conedo)
- Grupo Acción Cristiana (GAC)
- Unión Cívica USA
- Pro-Nación
- Ministerio La Batalla de la Fe
- Centro de Restauración Espiritual Mahanaim
- Juventud con una Misión (Jucum)
- Fomudevi
- RD Inclusiva
- Entre otras organizaciones.
El recurso cuestiona particularmente los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, así como otras disposiciones que remiten al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre ellas los artículos 174, 191, 199, 206 y 212.
Advierten sobre posibles formas de responsabilidad penal automática
Uno de los principales argumentos de la acción es que la responsabilidad penal de una persona jurídica no debe derivarse de manera automática de la conducta de una persona física vinculada a ella.
Los accionantes sostienen que una iglesia, asociación, fundación, ONG, empresa u otra persona jurídica no puede ser considerada penalmente responsable únicamente por el hecho cometido por uno de sus empleados, directivos, miembros, pastores, sacerdotes, líderes o subordinados.
En ese sentido, invocan el artículo 40.14 de la Constitución, que establece el principio de personalidad de la responsabilidad penal y dispone que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. La acción reclama que cualquier responsabilidad atribuida a una organización tenga que sustentarse en una imputación propia y en la prueba de los presupuestos legales y constitucionales correspondientes.
Notas relacionadas
Preocupación por la disolución, clausura y otras sanciones
Otro de los aspectos centrales del recurso está relacionado con las sanciones que pueden afectar directamente la existencia y continuidad de las personas jurídicas, entre ellas la disolución, clausura, cierre, decomiso e inhabilitación.
Los accionantes consideran que medidas de esta naturaleza deben estar sujetas a un estándar reforzado de control judicial, con culpabilidad institucional propia, sentencia debidamente motivada y estricto respeto a los principios de necesidad y proporcionalidad.
La acción advierte que la aplicación indiscriminada de estas medidas podría afectar no solamente el patrimonio de una organización, sino también los derechos de sus miembros, trabajadores, beneficiarios, feligreses, acreedores y terceros de buena fe.
Plantean protección de la libertad religiosa y de asociación
En el caso de las organizaciones religiosas, el recurso plantea además que las disposiciones cuestionadas deben interpretarse de manera compatible con los derechos constitucionales de libertad de conciencia y cultos, establecidos en el artículo 45 de la Constitución, así como con la libertad de asociación consagrada en el artículo 47.
La acción sostiene que la responsabilidad penal individual de un sacerdote, pastor, líder o autoridad religiosa no puede trasladarse automáticamente a la iglesia u organización a la que pertenece. Asimismo, plantea que una doctrina, creencia, enseñanza o práctica religiosa lícita no puede ser considerada por sí misma como fundamento suficiente para establecer responsabilidad penal institucional.
Notas relacionadas
Solicitan al Tribunal Constitucional nulidad o interpretación conforme
Como petición principal, los accionantes solicitan al Tribunal Constitucional declarar la nulidad total o parcial de los contenidos normativos que resulten incompatibles con la Constitución.
De manera subsidiaria, solicitan una sentencia interpretativa conforme, que establezca los límites constitucionales dentro de los cuales deben aplicarse las disposiciones cuestionadas. Entre otros aspectos, piden excluir cualquier forma de responsabilidad penal objetiva de las personas jurídicas, impedir la transferencia automática de culpabilidad individual a las organizaciones y exigir una imputación institucional propia.
También solicitan que la disolución de una persona jurídica sea considerada una medida excepcional y de última ratio, y que toda clausura, cierre, decomiso o inhabilitación cuente con una sentencia motivada y una valoración específica de proporcionalidad.
Los proponentes aclaran que la acción no busca colocar a las iglesias, ONG, fundaciones, empresas ni otras personas jurídicas por encima de la ley penal.
Su objetivo es someter al control constitucional los límites de la potestad punitiva del Estado. Esto, ante posibles consecuencias que afecten la existencia, el patrimonio, la libertad de asociación, la autonomía religiosa y la continuidad jurídica de estas entidades.
La instancia concluye solicitando al Tribunal Constitucional determinar los límites constitucionales para la aplicación de las disposiciones impugnadas, ya sea mediante la expulsión del ordenamiento jurídico de los contenidos incompatibles con la Constitución o, subsidiariamente, mediante una interpretación conforme y vinculante.
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