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Santo Domingo. – La debilidad de la cultura de la legalidad y la falta de credibilidad en las instituciones pueden crear condiciones favorables para el lavado de activos, al reducir la disposición de la ciudadanía a cumplir las normas y los mecanismos de control.
Así lo explicó Emerson Díaz-Cabral, experto en temas de antilavado, quien señaló que este delito no prospera únicamente por la capacidad de las organizaciones criminales, sino también por las condiciones sociales e institucionales que permiten que sus operaciones se desarrollen.
Durante su intervención en el programa 55 Minutos de Julissa Céspedes, Díaz-Cabral indicó que cuando las personas perciben que las leyes no se aplican de manera equitativa, aumenta la tolerancia hacia las conductas irregulares y disminuye el compromiso con el cumplimiento de las reglas.
Esta situación, sostuvo, favorece un entorno en el que los delitos financieros pueden operar con mayor facilidad, debido a la pérdida de confianza en las instituciones y al debilitamiento de los controles.
En ese contexto, explicó que la cultura de la legalidad tiene un papel importante en la prevención de las actividades ilícitas, debido a que el respeto a las normas y la confianza en su aplicación contribuyen a reducir la tolerancia frente a las irregularidades.
Debilidad institucional y consecuencias sociales
El especialista explicó que las instituciones con dificultades de credibilidad y supervisión pueden ver limitada su capacidad para prevenir y detectar actividades ilícitas.
Advirtió que las consecuencias del lavado de activos trascienden el ámbito financiero, porque también afectan la cohesión social, la inversión y las posibilidades de desarrollo económico.
En ese sentido, planteó que combatir este delito requiere fortalecer tanto los organismos responsables de la vigilancia como la participación de la ciudadanía.
El planteamiento del experto apunta a que la prevención no debe concentrarse únicamente en la existencia de mecanismos de control, sino también en las condiciones que permiten que estos funcionen y cuenten con la confianza de la población.
Entre los aspectos señalados durante su intervención se encuentran:
- La credibilidad de las instituciones responsables de aplicar y hacer cumplir las normas.
- La capacidad de supervisión para prevenir y detectar actividades ilícitas.
- La disposición de la ciudadanía a respetar las reglas y rechazar las conductas irregulares.
- La participación de la sociedad en la vigilancia y denuncia de las irregularidades.
Educación y transparencia para fortalecer la legalidad
Díaz-Cabral sostuvo que promover una cultura de legalidad exige educación, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Asimismo, consideró necesario que las instituciones demuestren integridad y capacidad para cumplir sus funciones, mientras la sociedad debe asumir un papel activo en la vigilancia y denuncia de las irregularidades.
El especialista destacó que la responsabilidad de enfrentar este problema no corresponde exclusivamente a los organismos encargados de los controles, sino que también involucra a la ciudadanía y su compromiso con el cumplimiento de las normas.
«La lucha contra el lavado no es solo un tecnicismo: es un compromiso colectivo para proteger el futuro del país», expresó.
El experto concluyó que la prevención del lavado de activos no depende exclusivamente de las normas y los procedimientos técnicos, sino también de construir una sociedad que rechace la ilegalidad y demande instituciones confiables.
De esta manera, reiteró la importancia de abordar el lavado de activos desde una perspectiva que tome en cuenta tanto el funcionamiento de las instituciones como la cultura de legalidad y la participación ciudadana.
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