Antonio Marte: «el pasaje debería costar RD$95 y no RD$35»

Santo Domingo, RD.– El senador por Santiago Rodríguez y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, aseguró que el pasaje del transporte público privado debería costar actualmente RD$95, en lugar de los RD$35 que pagan los usuarios, debido al incremento de los costos operativos que enfrenta el sector.

Marte explicó que las tarifas se mantienen gracias a las regulaciones vigentes y a las compensaciones fiscales otorgadas por el Gobierno sobre los combustibles. Advirtió que, sin estos mecanismos de apoyo, los transportistas tendrían que trasladar una mayor parte de sus gastos a los pasajeros.

Durante una entrevista en el programa D’AGENDA, conducido por el periodista Héctor Herrera Cabral, el legislador sostuvo que el sector privado enfrenta dificultades para mantener la rentabilidad de sus operaciones, especialmente por el encarecimiento de los neumáticos, repuestos, lubricantes y servicios de mantenimiento.

Como ejemplo, señaló que un neumático que anteriormente costaba RD$17,000 ahora alcanza los RD$34,000, lo que representa un incremento del 100 %.

Subsidios mantienen las tarifas del transporte

El presidente de Conatra aclaró que el Gobierno no entrega combustible gratuitamente a los transportistas, sino que aplica una exención fiscal de RD$48 por galón sobre una cantidad determinada de combustible.

Detalló que las unidades afiliadas al gremio consumen aproximadamente 3,270,000 galones de combustible, de los cuales 1,800,000 reciben el beneficio fiscal, aunque el sector debe pagar el costo correspondiente al producto.

Marte también cuestionó lo que considera una competencia desigual entre los operadores privados y los sistemas estatales de transporte, como la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Metro de Santo Domingo y el Teleférico, debido a los subsidios que reciben estos servicios.

A su juicio, las condiciones actuales dificultan la sostenibilidad financiera de las empresas privadas y limitan su capacidad para renovar las unidades.

Marte asegura que invertir en autobuses ya no es rentable

El empresario reveló que desde 2017 no adquiere autobuses nuevos para sus operaciones interurbanas, debido al elevado costo de las unidades y al reducido retorno de la inversión.

Explicó que un autobús puede costar entre RD$22 millones y RD$25 millones, una inversión que considera difícil de recuperar con las tarifas y condiciones actuales del mercado.

Indicó que mantiene cerca de 100 unidades estacionadas en sus talleres, debido a la baja rentabilidad o a la limitada demanda de pasajeros en determinadas rutas.

Ante esta situación, afirmó que ha optado por diversificar sus inversiones hacia otros sectores, incluidos el turismo y los centros de entretenimiento.

Propone regular motoconchos y circulación por placas

En materia de movilidad urbana, Marte planteó establecer controles más estrictos sobre el transporte de pasajeros en motocicletas, al considerar que la falta de regulación contribuye al desorden vial.

Aseguró que algunos motoconchistas pueden generar ingresos de hasta RD$4,000 diarios, una cifra que, según sus estimaciones, supera las ganancias de determinados conductores de vehículos de cuatro ruedas.

El senador propuso que las motocicletas utilizadas para actividades comerciales cuenten con seguros de daños a terceros, identificación visible y placas diferenciadas según el servicio que prestan.

También sugirió limitar la circulación de motoconchos a rutas alimentadoras del transporte colectivo, evitando que operen en avenidas principales como la John F. Kennedy y la 27 de Febrero.

Como alternativa para reducir los congestionamientos, planteó implementar un sistema de circulación alternada de vehículos según el número par o impar de sus placas, una medida que, a su entender, permitiría disminuir la cantidad de automóviles en las calles.

Cuestiona inversiones en teleféricos

Marte criticó las inversiones destinadas a los sistemas de teleférico en Santo Domingo y Santiago, al considerar que representan elevados costos para el Estado.

En su lugar, favoreció el fortalecimiento de los corredores de autobuses y la implementación de rutas alimentadoras que conecten con las líneas del Metro.

Asimismo, recordó que el Decreto 253-12 estableció un gravamen de RD$2 por galón de combustible destinado a programas de renovación del parque vehicular.

Según explicó, proyectos como el corredor de la avenida Núñez de Cáceres fueron financiados mediante recursos provenientes de ese mecanismo.

Denuncia irregularidades en la frontera con Haití

Durante la entrevista, el legislador también abordó la situación migratoria y denunció presuntas irregularidades en los controles fronterizos.

Marte afirmó que algunos agentes e intermediarios estarían cobrando hasta RD$30,000 para facilitar el reingreso de ciudadanos haitianos indocumentados a territorio dominicano, incluso después de haber sido repatriados.

Estas afirmaciones constituyen denuncias del senador y no fueron acompañadas, en la información suministrada, de evidencias o respuestas de las autoridades señaladas.

El presidente de Conatra también rechazó cualquier negociación con los líderes de las bandas armadas que operan en Haití y expresó su respaldo a acciones contundentes contra esas organizaciones criminales.

No obstante, consideró que República Dominicana debe mantener su apoyo logístico a los esfuerzos internacionales de seguridad, sin involucrar tropas dominicanas en territorio haitiano.

Pide revisar salarios ante aumento del costo de vida

En el ámbito económico, Marte solicitó al Gobierno revisar el salario mínimo, al considerar que los incrementos en los precios de los alimentos, combustibles y otros bienes esenciales afectan el poder adquisitivo de los trabajadores.

También rechazó posibles aumentos en el costo del marbete para vehículos antiguos y sugirió que cualquier reajuste fiscal recaiga principalmente sobre los propietarios de automóviles nuevos o de alta gama.

Finalmente, manifestó su oposición a una reducción de los recursos asignados a la Junta Central Electoral (JCE) y a los partidos políticos, al entender que podría afectar la participación de las organizaciones con menor capacidad económica.