Presentan estudio que analiza el impacto de la justicia en la inversión

La investigación registró que, entre el 51.79 % de los encuestados, el litigio impidió el inicio de un negocio o la venta de una propiedad, lo que da cuenta del impacto en el clima de negocios de la República Dominicana. Además, subrayó una reducción cercana al 10 % en la duración promedio de los asuntos fallados, que pasó de 80.9 a 72.7 días hábiles entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026. Esta comparación describe la evolución del promedio de los asuntos resueltos en ambos períodos, cuya composición puede variar.

Noemy Vicioso20 de octubre de 2026 | 7:57 pm

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Santo Domingo, República Dominicana. – La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) socializaron los resultados del estudio: “Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana”, el cual evidenció los avances del sistema judicial y las necesidades de priorización para reducir el impacto de las deficiencias de la justicia en las personas y las empresas, especialmente las Mipymes.

Los resultados también evidencian las repercusiones económicas de los procesos judiciales: el 52.6 % de los usuarios encuestados declaró haber interrumpido su trabajo y el 48.7 % postergó o modificó decisiones de vida o patrimonio, entre ellas iniciar un negocio. Los hallazgos cualitativos indican, además, que las empresas pequeñas disponen de menor margen financiero y organizacional para sostener procesos prolongados.

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Señalamientos

El estudio señala además, que solo el 42.06 % de los asuntos evaluados, se falló dentro del plazo legal de referencia. Por categoría de tribunal, las cortes de apelación registraron una duración promedio de 148 días hábiles. Mientras que, por materia, los asuntos inmobiliarios alcanzaron un promedio de 165 días hábiles durante el período analizado. La investigación también identifica dificultades en la ejecución de las decisiones, que pueden prolongar los costos económicos aún después del fallo.

Ante estos hallazgos, ANJE propone cuatro prioridades para la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Primero, aplicar una gestión diferenciada por materia y territorio, con especial atención a la Jurisdicción Inmobiliaria y las cortes de apelación. Segundo, fortalecer el sistema de ejecución de las decisiones judiciales; tercero, mejorar la calidad de los registros para medir la duración real de los procesos. Cuarto, impulsar servicios digitales y mecanismos alternativos de resolución de conflictos accesibles para las mipymes.