Comunidades piden políticas públicas para proteger la tenencia de tierras

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Santo Domingo, RD. – Representantes de varias comunidades urbanas reclamaron al Estado dominicano el cese de los desalojos forzosos y la implementación de políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna y la seguridad jurídica sobre los terrenos donde habitan.

La concentración pacífica se realizó en el marco del Día Mundial del Hábitat, como parte de los reclamos de organizaciones comunitarias que aseguran que cientos de familias viven bajo amenazas de desalojo y en condiciones de inseguridad sobre la tenencia del suelo.

Entre las comunidades representadas figuran La Mina, en San Isidro; Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén, en Santo Domingo Este; Las Malvinas, en el Distrito Nacional; El Carril, en Bajos de Haina; Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo, El Gran Valiente, Sector La 22 y Mirador Aéreo La Caleta.

Estas comunidades forman parte de procesos acompañados por la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, desde donde organizaciones sociales y comunitarias han dado seguimiento a situaciones relacionadas con desalojos y amenazas de desalojo.

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Piden seguridad jurídica sobre los terrenos

Durante la actividad, los representantes comunitarios señalaron que los desalojos y las amenazas generan incertidumbre para familias que durante años han construido sus viviendas y desarrollado sus actividades sociales y económicas en esos territorios.

Consideraron que enfrentar el déficit habitacional no debe limitarse a construir nuevas viviendas, sino que también debe incluir medidas para que las familias puedan permanecer de manera segura en los lugares donde han establecido sus hogares.

En ese sentido, solicitaron mecanismos que permitan regularizar la tenencia de los terrenos, mejorar los barrios y garantizar protección jurídica a las comunidades que durante décadas han ocupado y desarrollado zonas urbanas.

“Necesitamos seguridad sobre el lugar donde vivimos. No podemos seguir construyendo nuestras casas, nuestras familias y nuestras comunidades con el temor permanente de que cualquier día podamos perderlo todo”, expresó Sócrates Peguero, representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano y coordinador general de la Red Urbana Popular.

Solicitan retomar plan de vivienda digna

Las organizaciones también pidieron retomar el Plan de Acción por una Vivienda Digna en Suelo Seguro y Titulado, como una herramienta para impulsar soluciones integrales frente al déficit habitacional.

Según plantearon, este plan debe combinar el acceso a viviendas, la regularización de la tenencia del suelo, el mejoramiento de los barrios y la protección de las familias frente a desplazamientos y desalojos forzosos.

Los comunitarios sostienen que la problemática habitacional no puede solucionarse trasladando a las familias de los territorios donde han construido sus hogares y proyectos de vida.

Apelan al derecho constitucional a una vivienda digna

Las comunidades recordaron que el artículo 59 de la Constitución dominicana reconoce el derecho de toda persona a una vivienda digna, con servicios básicos esenciales, y establece la responsabilidad del Estado de crear las condiciones necesarias para garantizar este derecho.

Por ello, llamaron a las autoridades nacionales, al Congreso Nacional y a las instituciones responsables de las políticas de vivienda, hábitat y ordenamiento territorial a establecer mecanismos de diálogo con las comunidades.

El objetivo, explicaron, debe ser encontrar soluciones que prioricen la permanencia, la regularización y el mejoramiento de los territorios, en lugar de recurrir a los desalojos como respuesta a los conflictos relacionados con la propiedad y ocupación del suelo.

“Desalojar familias no reduce el déficit habitacional; lo profundiza”, afirmaron las organizaciones, al insistir en la necesidad de una política pública que garantice suelo seguro y titulado y el acceso a una vivienda digna.

Finalmente, los participantes resumieron sus reclamos en tres puntos: el cese de los desalojos forzosos, la creación de mecanismos legales para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia del suelo y la reactivación de acciones públicas para promover viviendas dignas en terrenos seguros y titulados.