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La denominada Ley Mirabal propone cambios en la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres en República Dominicana. Entre sus principales medidas figuran penas de hasta 40 años de prisión por vicariato, sanciones para quienes ejerzan violencia vicaria y castigos para funcionarios públicos que incumplan determinadas obligaciones de protección.
El proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres fue depositado el pasado martes por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes. La iniciativa busca fortalecer la prevención, la atención a las víctimas, la investigación de los casos y la reparación de los daños.
La propuesta también plantea que las mujeres puedan acceder a servicios de orientación, atención y protección sin necesidad de presentar previamente una denuncia penal.
Estos son los puntos más destacados del proyecto, que deberá agotar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
1. Penas de hasta 40 años por vicariato
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley Mirabal es la incorporación de sanciones específicas para el vicariato.
El proyecto define esta conducta como la muerte de hijos u otras personas con vínculos afectivos con una mujer, con el propósito de causarle sufrimiento, intimidarla, someterla o castigar el ejercicio de su autonomía.
La iniciativa contempla penas de hasta 40 años de prisión para quienes incurran en este delito, según las condiciones previstas en el texto propuesto.
La medida busca reconocer y sancionar una forma de violencia que utiliza el daño contra personas cercanas a una mujer como mecanismo de control o castigo.
Notas relacionadas
2. Hasta 10 años de prisión por violencia vicaria
La propuesta también establece sanciones para la violencia vicaria, que puede manifestarse mediante amenazas de muerte o lesiones, así como la privación ilegal de libertad de hijos, hijas u otras personas vinculadas familiar o afectivamente con una mujer.
Para que se configure la conducta descrita, el proyecto contempla que el agresor conozca ese vínculo y actúe con la intención de intimidar, someter, obligar a la mujer a realizar o tolerar una conducta, o castigar su autonomía.
Quienes incurran en esta infracción podrían enfrentar penas de cinco a diez años de prisión mayor y multas de diez a veinte salarios mínimos del sector público.
3. Castigos para funcionarios que obstaculicen denuncias
Otro punto central de la Ley Mirabal es la responsabilidad penal de los servidores públicos que impidan el acceso de las mujeres a los mecanismos de protección.
El artículo 124 del proyecto contempla penas de dos a cinco años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos para los funcionarios que, sin justificación legal y bajo las condiciones previstas, incurran en determinadas conductas.
Entre ellas figuran:
- Negarse a recibir o registrar una denuncia.
- Condicionar la tramitación de una denuncia a la reconciliación o al desistimiento de la víctima.
- Impedir la ejecución de una orden de protección.
- Revelar la ubicación reservada de una mujer protegida.
La iniciativa plantea así que la responsabilidad del Estado no se limite a perseguir a los agresores, sino que también alcance a los funcionarios que incumplan sus deberes de protección.
4. Protección para las mujeres sin denuncia previa
La propuesta establece que las mujeres víctimas de violencia puedan recibir orientación, atención y protección sin tener que presentar primero una denuncia penal.
Este mecanismo busca facilitar el acceso a los servicios de asistencia, especialmente en situaciones en las que el miedo, las amenazas o la dependencia respecto del agresor dificultan acudir a las autoridades.
Además, el proyecto contempla evaluaciones para determinar el nivel de riesgo que enfrenta cada víctima y activar medidas oportunas cuando exista un peligro grave o inminente.
Entre los factores que deberán tomarse en cuenta figuran las amenazas de muerte, la repetición o escalada de las agresiones, el acecho, el acceso a armas y el incumplimiento de órdenes de protección.
5. Retención de armas y suspensión de licencias
Como parte de las medidas preventivas, la Ley Mirabal plantea que los jueces puedan ordenar, en determinadas circunstancias, la retención de armas de fuego y la suspensión de las licencias de porte y tenencia.
El objetivo es reducir los riesgos para las mujeres cuando existan elementos que indiquen una amenaza para su vida, integridad o seguridad.
Estas medidas se integrarían a los mecanismos de evaluación del riesgo y protección previstos en la iniciativa.
6. La retractación no extinguiría por sí sola la acción penal
Otro cambio propuesto se relaciona con la persecución de determinadas infracciones contempladas en el Código Procesal Penal.
El proyecto plantea que ciertos delitos incluidos en el régimen de acción pública sean perseguidos de oficio. De aprobarse en los términos propuestos, la conciliación, el desistimiento, la retractación de la víctima o el resarcimiento integral del daño no extinguirían por sí solos la acción penal en esos casos.
La disposición busca evitar que la persecución de determinadas conductas dependa exclusivamente de que la víctima mantenga su denuncia.
No obstante, la propuesta no elimina las demás causas de extinción de la acción penal reconocidas por la legislación.
7. Coordinación de las instituciones del Estado
La denominada Ley Mirabal también propone crear un Sistema de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer.
En este mecanismo participarían instituciones vinculadas con la seguridad, la salud, la educación, el trabajo y la administración de justicia, entre otras áreas.
El propósito es definir responsabilidades específicas para cada organismo y establecer mecanismos de coordinación que permitan detectar señales de peligro y actuar oportunamente.
La iniciativa busca evitar que la protección de las víctimas dependa de acciones aisladas o que las fallas de comunicación entre instituciones retrasen la asistencia.
8. Presupuesto y plazos para aplicar la ley
El proyecto contempla que las instituciones públicas incorporen sus obligaciones en los planes institucionales, identifiquen los recursos necesarios y reporten los avances en su ejecución.
También propone mecanismos para identificar brechas de financiamiento y publicar información anual sobre los recursos presupuestados y ejecutados.
En cuanto a los plazos, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá dictar el reglamento de aplicación dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, prevé instalar el Mecanismo Nacional de Articulación durante los primeros 90 días y aprobar el primer Plan Estratégico dentro de los 12 meses siguientes.
¿Qué falta para que la Ley Mirabal entre en vigor?
La iniciativa depositada por la ministra Gloria Reyes deberá ser conocida y aprobada conforme al procedimiento legislativo antes de convertirse en ley.
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