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ANJE respalda extender plazo del régimen penal para empresas

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) respalda el proyecto de ley que amplía a 24 meses el plazo de entrada en vigencia de los artículos relativos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal (arts. 8, 9, 10 y 11, Ley núm. 74-25), depositado ante el Senado de la […]

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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) respalda el proyecto de ley que amplía a 24 meses el plazo de entrada en vigencia de los artículos relativos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal (arts. 8, 9, 10 y 11, Ley núm. 74-25), depositado ante el Senado de la República por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo.

La iniciativa recoge parte de lo que ANJE ha planteado desde 2025: las Mipymes necesitan una regulación diferenciada y proporcional, y un plazo de adecuación de apenas tres meses. Dicho plazo que vence el próximo 5 de noviembre, no permite cumplir de forma real y efectiva, ni asumir los costos del nuevo estándar de cumplimiento. 

El gremio exhorta a que las instituciones del sistema de justicia y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes desarrollen programas de formación y modelos de cumplimiento proporcionales al tamaño, la actividad y el riesgo de cada empresa.

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“Las empresas dominicanas no buscan evadir este nuevo régimen: queremos cumplirlo, pero hacerlo con más certeza jurídica. La norma penal debe ser precisa e inequívoca, y su aplicación exige reglas claras, proporcionalidad y un tiempo razonable de preparación. Este proyecto es la oportunidad de hacerlo correctamente, y desde ANJE lo apoyamos con convicción”, afirmó Boris De León Reyes, presidente de ANJE.

ANJE hace un llamado al Congreso Nacional para que conozca con prioridad esta iniciativa antes de que venza el plazo de vacatio legis dispuesto por la Ley núm. 44-26, y evitar así un incumplimiento masivo en el tejido empresarial. Insta a aprovechar este período para iniciar un diálogo intersectorial que permita hacer los ajustes necesarios para garantizar más seguridad jurídica, proporcionalidad y una implementación ordenada del régimen.

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