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El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, explicó que el bloqueo de señales telefónicas en los centros penitenciarios debe evaluarse tomando en cuenta las condiciones técnicas y de seguridad de cada recinto.
Peralta sostuvo que la medida no debe descartarse, debido a que el uso de teléfonos desde las cárceles puede facilitar comunicaciones con el exterior y actividades delictivas. Sin embargo, señaló que su aplicación requiere determinar previamente si existen las condiciones adecuadas para evitar afectar a las personas que viven en los alrededores de los centros.
El funcionario explicó que el bloqueo de señales no debe analizarse únicamente como una decisión administrativa, sino también como un asunto técnico. A su juicio, debe establecerse si el recinto permite aislar la señal sin generar efectos fuera de las instalaciones penitenciarias.
El tema está relacionado con las disposiciones que regulan el sistema penitenciario y con los esfuerzos para controlar las comunicaciones desde los centros de reclusión.
Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
Notas relacionadas
Modernización de los centros penitenciarios
Peralta indicó que actualmente se intervienen o construyen 19 centros penitenciarios, como parte de un proceso de modernización del sistema.
Señaló que la mejora de la infraestructura constituye uno de los primeros pasos para transformar las condiciones de los recintos y avanzar hacia un modelo penitenciario con mayores controles.
Dirección Penitenciaria mantiene función operativa
El ministro aclaró que la Dirección General de Asuntos Penitenciarios y Correccionales es el órgano encargado de la operación del sistema penitenciario. Tiene autonomía funcional y administrativa.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia tiene responsabilidades relacionadas con las políticas generales, recomendaciones y coordinación institucional para mejorar el sistema.
Peralta también explicó que el Ministerio de Justicia participa en el Consejo Nacional de la Magistratura en funciones de asesoría y apoyo a los procesos. Sin embargo, no vota ni decide sobre la selección de los jueces.
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