Esta protección no impide que una trabajadora embarazada pierda su empleo por una causa distinta. La ley contempla casos como faltas graves, incumplimiento de las obligaciones de trabajo u otras razones justificadas. Estas causas deben ser ajenas al embarazo y el empleador tiene que demostrar que existen.

La Suprema Corte de Justicia ha establecido que el empleador tiene la responsabilidad de probar la causa que justifica el despido.

Si el empleador despide a la trabajadora sin cumplir el proceso que establece la ley, el Código de Trabajo contempla una indemnización extra de cinco meses de salario ordinario, además de las prestaciones que correspondan.

¿Qué pasa con el desahucio?

El artículo 232 del Código de Trabajo establece que el empleador no puede ejercer el desahucio durante el embarazo ni durante los tres meses posteriores al parto.

Para contar con esta protección, la trabajadora debe informar su embarazo al empleador por un medio que permita demostrar que recibió la información. También debe comunicar la fecha prevista para el parto.

La Suprema Corte de Justicia también ha señalado que el empleador debe conocer el embarazo cuando decide terminar la relación laboral.

Por tanto, una trabajadora embarazada puede perder su empleo cuando exista una causa laboral válida que no tenga relación con su embarazo. En esos casos, el empleador debe demostrar la razón y cumplir con el proceso que establece la ley.

Si las autoridades determinan que el embarazo motivó el despido, la ley considera nula esa decisión.