Gobierno prioriza Mipymes industriales en compras públicas

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo emitió el decreto 672-26, mediante el cual se instruye a las instituciones públicas a dirigir exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas industrias (Mipymes industriales) los procedimientos de contratación pública destinados a programas sociales, alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social. La medida, dispuesta por el […]

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La medida, dispuesta por el presidente Luis Abinader, se enmarca en las directrices de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación (Decreto núm. 52-26), con el objetivo fundamental de fortalecer el desarrollo económico nacional, fomentar la producción local y dinamizar la generación de empleos.

Con esta acción, la administración del presidente Abinader también reafirma su compromiso con el tejido productivo nacional. Así mismo promoviendo la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

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Ejes clave de la normativa

Exclusividad para la industria nacional: Las compras públicas vinculadas a programas especiales de asistencia deberán destinarse a adquirir bienes y servicios de origen. También manufactura dominicana, garantizando que no exista intermediación no autorizada.

Instituciones abarcadas: La disposición aplica a entidades clave como el Ministerio de Educación (MINERD), el INABIE, el SNS, el Gabinete de Políticas Sociales (Supérate), PROMESE-CAL, los ministerios de Defensa y de la Vivienda (MIVHED), entre otras dependencias del Estado enfocadas en la protección social y sectorial.

Requisitos y acreditación: Para participar, las empresas deberán contar con su respectivo Registro Industrial emitido por PROINDUSTRIA. También la Certificación Mipymes (o Mipymes Mujer) otorgada por el MICM, y estar debidamente inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).

Articulación y gobernanza: Se crea la Mesa de Articulación Interinstitucional entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), encargada de dar seguimiento, coordinar la oferta productiva y asegurar el cumplimiento de la normativa.

Modernización y plazos de implementación

El decreto establece un plazo no mayor de cuatro meses para que el MICM ejecute un levantamiento exhaustivo de los bienes y servicios ofertados por el sector industrial local.

Asimismo, instruye a PROINDUSTRIA a modernizar y digitalizar el Registro Industrial para garantizar la trazabilidad de la oferta nacional. También su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.