Caso Senasa: Jurista cuestiona controles y alerta sobre populismo penal

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El abogado y analista jurídico Francisco Álvarez consideró que el caso relacionado con el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) debe ser analizado con rigor, sin dejarse llevar por las expectativas generadas alrededor de la investigación del Ministerio Público.

Álvarez sostuvo que la justicia penal no debe convertirse en un escenario de popularidad. Además, advirtió sobre lo que calificó como vestigios de “populismo penal”, al señalar que la exposición pública de los procesos puede generar expectativas superiores a lo que finalmente se presenta ante los tribunales.

Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, el jurista analizó el expediente conocido públicamente como Senasa 2.0. Planteó que la investigación debe determinar no solo quiénes habrían ejecutado las acciones, sino también cómo pudieron mantenerse durante el tiempo sin resultar detectadas.

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Cuestiona fallas en la supervisión

El abogado explicó que, según lo expuesto en el expediente, algunos imputados habrían utilizado credenciales de pacientes para obtener pagos por recetas, procedimientos y medicamentos que presuntamente no suministraron.

A su juicio, el hecho de que se trate de recursos públicos obliga a ampliar la investigación y revisar los mecanismos de auditoría y supervisión existentes dentro de la institución.

“Si a un mando medio ocurre algo, pues tú tienes que ir a su supervisora”, expresó Álvarez. Lo hizo al considerar que las responsabilidades pueden escalar cuando quienes tenían funciones de supervisión no detectaron oportunamente las irregularidades.

Advierte sobre el populismo penal

El analista también cuestionó la utilización de nombres o calificativos para identificar públicamente expedientes judiciales. Sostuvo que estas denominaciones pueden generar una valoración subjetiva sobre la gravedad de los casos antes de que los tribunales establezcan responsabilidades.

Álvarez insistió además en la necesidad de fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y los órganos de control. Consideró que las investigaciones deben apoyarse en una revisión amplia de los documentos y movimientos financieros para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El jurista también vinculó el debate con la seguridad ciudadana. Advirtió que el hartazgo social puede llevar a aceptar respuestas que se aparten de las garantías constitucionales y procesales.