MP solicitará 18 meses de prisión para gastroenteróloga en Cobra 2.0-A

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El Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, investigada por su presunta vinculación con el entramado de corrupción administrativa relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Heredia Vallejo resultó arrestada luego de entregarse a las autoridades. Será presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. También se solicitará que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

La Fiscalía sostiene que la médico formaba parte de la estructura que habría sustraído fondos públicos mediante maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado dominicano.

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MP acusa a varios implicados

El Ministerio Público informó que el pasado sábado sometió a la justicia a 25 personas arrestadas durante la Operación Cobra 2.0-A. Entre los imputados figuran médicos y otros vinculados al esquema investigado.

La solicitud de complejidad se fundamenta, según el órgano acusador, en la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de la presunta existencia de delincuencia organizada.

A los investigados se les atribuyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno y estafa contra el Estado. También desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

El Ministerio Público afirma haber recopilado evidencias sobre presuntos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían utilizado para desviar recursos.

Investigación incluye otros casos

La Operación Cobra 2.0-A forma parte de una investigación iniciada con la primera fase de la Operación Cobra. En esta fase arrestaron aSantiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado.

La investigación también llevó en junio a la Operación Onco 14, mediante la cual resultaron arrestadas tres personas vinculadas, según la Fiscalía, a maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao y SeNaSa.

El órgano acusador indicó que con estos procesos procura obtener sanciones penales. Además del decomiso de miles de millones de pesos que, según sostiene, habrían sustraído al Estado.