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Un alguacil de Nueva York autorizó el embargo y posterior subasta de bienes muebles de la Junta Central Electoral (JCE), ubicados en su oficina de Manhattan, como parte de un proceso de ejecución de una sentencia que ordena al organismo pagar US$838,337.50 a la empresa Latin Events, LLC.
La medida se dispuso por el City Marshall Martin A. Bienstock y notificada el pasado 6 de septiembre mediante un Aviso de Embargo y Venta, correspondiente al expediente M 373516.
La subasta está pautada para el 1 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, el proceso quedaría sin efecto si la deuda es saldada en su totalidad al menos 72 horas antes de la fecha establecida.
Entre los bienes incluidos figuran computadoras, impresoras, equipos electrónicos, mesas, sillas. También televisores, mobiliario, obras de arte y otros equipos ubicados en la oficina de la JCE, en el 1501 Broadway, suite 410, Manhattan.
Origen del conflicto
El proceso tiene su origen en un acuerdo firmado entre la JCE y Latin Events el 30 de octubre de 2023. Mismo, relacionado con una campaña de registro de votantes dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados cercanos.
El convenio, valorado en un millón de dólares, contemplaba servicios vinculados a la serie de Águilas y Licey celebrada en noviembre de 2023 en el Citi Field, estadio de los Mets.
Entre los servicios contratados estaban la impresión de 15,000 boletos, el suministro de 20,000 almuerzos y una campaña publicitaria.
Latin Events sostiene que recibió únicamente US$230,000, por lo que reclamó un balance de US$770,000, además de los intereses correspondientes.
La ejecución procura hacer efectivo un fallo emitido el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el caso 1:25-cv-02830-PKC.
La decisión estadounidense fue homologada posteriormente en República Dominicana mediante el Auto núm. 036-2026-SAUT-00294, resolución que la JCE recurrió en apelación.
Proceso también en República Dominicana
Latin Events también mantiene acciones legales en República Dominicana relacionadas con el cobro de la deuda.
La empresa tiene en curso un proceso de embargo retentivo sobre fondos de la JCE depositados en el Banco de Reservas.
Según declaraciones de su representante, Cury, la empresa agotó las gestiones para lograr un pago voluntario y por ello continúa con las acciones de ejecución tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.
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