¿Cuándo corresponde prisión preventiva y cuándo arresto domiciliario o garantía económica?

La prisión preventiva, el arresto domiciliario y la garantía económica son tres de las medidas de coerción que puede imponer un juez durante un proceso penal en República Dominicana, pero su aplicación está sujeta a requisitos establecidos por la legislación.

El nuevo Código Procesal Penal, instituido mediante la Ley 97-25, establece que las medidas de coerción tienen carácter excepcional y deben ser ordenadas mediante una decisión judicial motivada y por el tiempo estrictamente necesario. Su objetivo es garantizar la presencia del imputado en el proceso, evitar la destrucción de pruebas y proteger a víctimas y testigos.

¿Cuándo puede un juez imponer una medida de coerción?

El artículo 231 establece tres condiciones que deben concurrir para que proceda una medida de coerción.

Primero, deben existir elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado pudo haber cometido o participado en una infracción.

Segundo, debe existir un peligro de fuga basado en las circunstancias particulares del caso.

Y tercero, la infracción atribuida debe estar sancionada con pena privativa de libertad.

A partir de esos elementos, el juez determina cuál medida resulta adecuada y proporcional al riesgo que busca evitar.

Garantía económica: una de las alternativas

La garantía económica es una de las siete medidas de coerción contempladas en el artículo 230 del nuevo Código Procesal Penal.

Puede presentarse mediante depósito de dinero o valores, prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, una póliza de seguros, entrega de bienes o mediante una fianza solidaria de una o más personas solventes.

Su finalidad es asegurar que el imputado cumpla con las obligaciones que le sean impuestas y permanezca sometido al proceso.

Esta medida puede ser combinada con otras, como el impedimento de salida del país o la presentación periódica, siempre que resulte adecuado al caso. Sin embargo, la ley establece que la prisión preventiva no puede combinarse con otras medidas de coerción.

Arresto domiciliario

El arresto domiciliario también está contemplado en el artículo 230.

El juez puede ordenar que el imputado permanezca en su propio domicilio o bajo custodia de otra persona, con vigilancia o sin ella, según las condiciones establecidas en la decisión judicial.

No significa que la persona quede en libertad plena. Por el contrario, existe una restricción directa a su movilidad y el incumplimiento de las condiciones puede provocar consecuencias procesales.

En los casos de acción privada, el Código Procesal Penal establece una limitación importante: no pueden ordenarse prisión preventiva, arresto domiciliario ni colocación de localizadores electrónicos.

Prisión preventiva: la medida más severa

La prisión preventiva es la medida de coerción que implica una mayor restricción de la libertad porque supone el ingreso del imputado a un centro penitenciario mientras el proceso continúa.

El artículo 238 establece que, además de cumplirse las condiciones generales para imponer una medida de coerción, debe presentarse alguno de los presupuestos específicos establecidos por la ley.

Entre ellos está que no pueda evitarse razonablemente la fuga mediante medidas menos gravosas; que sea necesario impedir la destrucción de pruebas relevantes; o que la libertad del imputado pueda representar una amenaza para la sociedad, la víctima, sus familiares o los testigos.

También puede proceder cuando existe reiteración delictiva, cuando el imputado está sujeto a otra medida de coerción personal por un hecho grave, en determinados casos de extradición o cuando ha incumplido medidas como el arresto domiciliario, el localizador electrónico, el impedimento de salida u órdenes de protección.

La decisión debe estar motivada

El juez no solo debe señalar qué medida impone. El artículo 235 establece que la resolución debe indicar los datos del imputado, el hecho que se le atribuye, su calificación jurídica, la medida seleccionada y las razones por las cuales considera que se cumplen los presupuestos para imponerla.

También debe indicar la fecha de vencimiento del plazo máximo de vigencia de la medida.