MP pide prisión preventiva a imputados por maltratar niños en fundación de San Cristóbal

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para dos hombres imputados por delitos de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios niños en un local donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio Bajos de Haina, en la provincia San Cristóbal.

Los imputados Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez resultaron sometidos a la justicia. Esto, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.

El tribunal fijó para este jueves, 3 de septiembre de 2026, la audiencia en la que conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

La medida la presentó Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT). Asimismo, las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS).

La instancia detalla que, en el marco de una operación ejecutada durante la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, en coordinación con otros organismos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril. Los operativos fueron desplegados en el municipio de Los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

En el operativo se rescataron 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro (4) meses y los trece (13) años.

Maltrato infantil

Las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca.

Las Fiscalía de San Cristóbal, conjuntamente con la PETT, realizó los allanamientos, auxiliadas por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), con la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), como áreas de protección.

El operativo se desencadenó a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar. El menor se presentó en un destacamento policial. El menor alertó a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que, según su relato, eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados allí.

A raíz de la alerta, y luego del inicio de las investigaciones, solicitaron las órdenes judiciales de arrestos ejecutadas contra los imputados Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez.

A la víctima que presentó la denuncia se le realizó una evaluación por una médica legista. La misma concluyó que presentaba múltiples lesiones en toda la extensión de la piel. Estas afectaban el rostro, los miembros superiores e inferiores, el dorso y la espalda. Asimismo, presentó quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, las cuales se encontraban en proceso de cicatrización.

Además, le realizaron una evaluación por una psicóloga forense, perito habilitado para dicha intervención, estableciéndose que no asistía a la escuela. También que se le obligaba a realizar labores con madera destinadas a la construcción de una vivienda. Asimismo, se determinó que se le sometía de manera constante a maltratos físicos y castigos.

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Como resultado de las labores de inteligencia desarrolladas por los equipos investigativos, se identificó a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez. Este, al enterarse del arresto de Capellán, habría trasladado a varios menores de edad desde el inmueble donde funcionaba la Fundación Restaurando Vida hasta una vivienda ubicada en el sector El Carril, Los Solares.

Muñoz Rodríguez se desplazó en un vehículo marca Toyota Corolla CE, placa A272601, año 1994, color beige, y permaneció en las inmediaciones de dicha propiedad.

Durante el registro de las viviendas, realizado con autorización judicial, fueron identificadas pertenencias vinculadas a menores de edad de ambos sexos y de diversas edades. Entre los objetos encontrados había prendas de vestir, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos y recuerdos escolares.

Además, fueron ocupadas actas de nacimiento y documentos personales de individuos ajenos al lugar, así como armas blancas.

El Ministerio Público indica en la solicitud de medida de coerción que la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) carece de la autorización de la autoridad competente para operar como hogar de acogida de niños, niñas y adolescentes, por lo que su funcionamiento, la recepción de fondos y donativos, y cualquier otro método de captación de recursos, se desarrollaban al margen de toda regulación legal.