Tras rescate de 14 menores en Haina: ¿qué requisitos deben cumplir las fundaciones que tienen niños bajo su cuidado?

El rescate de 14 niños y adolescentes durante dos allanamientos realizados en Haina, provincia San Cristóbal, ha puesto nuevamente bajo la lupa los controles que existen sobre las organizaciones que reciben o atienden a menores de edad en República Dominicana.

El caso salió a la luz luego de que un niño de 12 años escapara del lugar donde, según su testimonio, permanecían otros menores y acudiera a un destacamento policial en Hatillo. A partir de su denuncia, las autoridades iniciaron una investigación. La misma condujo hasta una institución identificada como la fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”, ubicada en el sector Las Paredes de Haina.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, durante las intervenciones localizaron 14 niños, con edades comprendidas entre tres meses y 13 años. Actualmnete, los menores se encuentran bajo protección de las autoridades especializadas mientras continúa la investigación. Unas 20 personas resultaron detenidas para fines de investigación y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Denuncias de maltrato y explotación

El menor que logró escapar habría relatado que se le sometía a presuntos maltratos. Entre ellos, golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos y castigos físicos.

También habría declarado que no asistía a la escuela y que se le obligaba a realizar trabajos relacionados con madera para la construcción de una vivienda. Estos señalamientos forman parte de la investigación y las autoridades deberán comprobarlos.

Las pesquisas son desarrolladas por el Ministerio Público junto con organismos especializados, entre ellos el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias en que los menores permanecían en el lugar y si existieron prácticas de maltrato, explotación laboral o trata de personas.

¿Qué dijo el responsable de la organización?

Según las informaciones divulgadas sobre el caso, Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, identificado como pastor de la organización, declaró a los investigadores que la fundación tenía como propósito ayudar a familias de escazos recursos y personas huérfanas.

También habría señalado que algunas madres entregaban temporalmente a sus hijos. Esto debido a dificultades económicas y que los menores eran enviados a una escuela mientras sus familiares no podían hacerse cargo de ellos.

Sobre la manutención de los niños, habría explicado que los gastos eran cubiertos mediante actividades agrícolas. Asimismo, trabajos de albañilería y crianza de cerdos, además de ayudas que, según dijo, recibía de misioneros procedentes de Puerto Rico.

Estas declaraciones forman parte de las pesquisas y deberán ser contrastadas por las autoridades.

La fundación y su registro

El nombre de la organización aparece en registros públicos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Una publicación de 2019 identifica a la “Fundación Restaurando Vida Un Muerto que Revive” como una entidad sin fines de lucro y señala a Ángel Gabriel Capellán entre las personas vinculadas a su registro.

En ese documento, el objeto declarado de la organización estaba relacionado con la restauración de personas con problemas de adicción al alcoholismo y otras adicciones.

No basta con estar constituida como fundación

En República Dominicana, que una entidad esté constituida como asociación sin fines de lucro no significa, por sí solo, que pueda prestar cualquier tipo de servicio.

La Ley 122-05 establece un sistema de habilitación sectorial mediante el cual el órgano estatal responsable de un determinado sector verifica que las organizaciones cumplan las condiciones necesarias para ofrecer sus servicios.

En el caso de las organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, ese proceso corresponde al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

La institución establece que la habilitación sectorial permite verificar que las asociaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios de protección, garantía y restitución de derechos cumplan condiciones mínimas en materia de recursos físicos, humanos, estructurales y de funcionamiento.

El proceso concluye con la obtención de una licencia o permiso de habilitación.

¿Qué debe cumplir una institución que trabaja con menores?

La normativa contempla requisitos relacionados con la administración de las instituciones. También los programas que ofrecen, las condiciones de sus instalaciones y el perfil del personal que trabaja con los menores.

También establece criterios relacionados con la cantidad de empleados, la población atendida, las edades de los niños y los espacios disponibles.

Conani dispone además de mecanismos de certificación para las organizaciones que trabajan con niños y adolescentes. Este proceso busca validar el cumplimiento de las normativas establecidas en la Ley 136-03. Contempla, entre otros aspectos, que las organizaciones cuenten con una infraestructura que no represente riesgos para la vida, la salud o la integridad de los menores.

Conani tiene la responsabilidad de supervisar

La Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, contempla la inscripción de los programas de las organizaciones no gubernamentales, sus obligaciones y la supervisión de estas entidades.

La legislación establece que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan programas de protección y atención dirigidos a niños, niñas y adolescentes están sujetas a supervisión dentro del sistema de protección.

Conani, a través de sus estructuras correspondientes, tiene entre sus funciones verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para las instituciones que ofrecen servicios dirigidos a la niñez y adolescencia.

¿Qué puede revisar una supervisión?

El reglamento de Conani establece mecanismos de supervisión que permiten requerir documentos e informes, realizar inspecciones, investigar situaciones y entrevistar a menores, entre otras acciones.

Cuando durante una supervisión se detecta una situación anómala o una posible vulneración de derechos, esta puede ser comunicada a las autoridades competentes.

La normativa también contempla mecanismos de evaluación y sanciones administrativas cuando las organizaciones incumplen las disposiciones establecidas o no acatan las recomendaciones derivadas de los procesos de supervisión.

¿Cómo llegan los niños a estas instituciones?

Conani explica que los menores que ingresan a hogares de paso pueden ser referidos por instituciones autorizadas, entre ellas el Ministerio Público y el Sistema Nacional de Emergencias 911, dependiendo de las circunstancias del caso.

Además, el propio Conani ha explicado que los tribunales y el Ministerio Público tienen responsabilidades relacionadas con las decisiones sobre el ingreso y salida de menores de los programas de protección especial.

Por eso, en el caso de Haina será importante determinar bajo qué mecanismo llegaron los 14 menores a la institución. Asimismo, quién autorizó su permanencia y qué documentación existía sobre cada uno.

Un bebé de tres meses entre los menores encontrados

La investigación adquiere especial relevancia por la diversidad de edades de los niños encontrados. Entre ellos había menores desde tres meses de nacido hasta adolescentes de 13 años.

Las autoridades deberán establecer quién ejercía formalmente la responsabilidad sobre ellos, bajo qué condiciones permanecían en el lugar. También, si existían expedientes individuales y seguimiento institucional.

También será necesario determinar si los menores estaban escolarizados, recibían atención médica y contaban con los servicios necesarios para garantizar su desarrollo integral.

Un sistema con varias instituciones

La protección de los niños y adolescentes involucra a diferentes instituciones del Estado.

Conani ejerce funciones de rectoría, regulación y supervisión de los programas y servicios dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio Público interviene cuando existen denuncias que podrían constituir delitos, mientras que las fiscalías especializadas conocen los casos que involucran a menores.

También intervienen los tribunales especializados y los organismos policiales encargados de realizar investigaciones cuando existen indicios de posibles delitos.

En el caso de Haina, precisamente, participaron organismos especializados en trata y tráfico de personas. Además, participó el Ministerio Público y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal.