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Santo Domingo. El periodista José Peguero y la abogada tributaria Pablita Cabrera Martínez interpusieron ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 24 de la Norma General núm. 04-2021 sobre el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), modificado por el artículo 5 de la Norma General núm. 04-2023, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La acción cuestiona la figura denominada “Estado Suspendido”, mediante la cual la DGII puede suspender el RNC de contribuyentes que no presenten declaraciones o no realicen pagos durante determinados períodos. Según los accionantes, esta medida produce efectos restrictivos que impactan la operación económica y administrativa de personas físicas y jurídicas.
Los solicitantes sostienen que la disposición impugnada vulnera principios constitucionales como la legalidad, la jerarquía normativa, la reserva de ley, el debido proceso, la razonabilidad, la proporcionalidad, la buena administración y la libertad de empresa. En particular, la acción señala como vulnerados los artículos 6 —supremacía constitucional—, 40.15 —principio de legalidad—, 50 —libertad de empresa—, 69, especialmente su numeral 7 —debido proceso y legalidad sancionadora—, 74.2 —razonabilidad y límites a la regulación de derechos fundamentales—, 138 —sometimiento de la Administración Pública al ordenamiento jurídico—, 184 —fuerza vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional— y 243 —principios del régimen tributario— de la Constitución dominicana.
Accionantes cuestionan efectos de la suspensión del RNC
El documento señala que la suspensión del RNC puede limitar trámites ante la DGII y afectar el uso de comprobantes fiscales. Los accionantes consideran que esto podría generar efectos cuestionados previamente por el Tribunal Constitucional.
La acción pide al Tribunal Constitucional declarar no conforme con la Constitución el artículo 24 de la Norma General núm. 04-2021, en su versión modificada por la Norma General núm. 04-2023, y disponer su nulidad y expulsión del ordenamiento jurídico.
Los accionantes sostienen que la Administración Tributaria ya cuenta con mecanismos legales para fiscalizar y cobrar deudas tributarias. Por ello, consideran innecesaria y desproporcionada la suspensión del RNC.
La instancia fue presentada por José Amado Peguero Reyes y Pablita Cabrera Martínez, quien también figura como abogada accionante.
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