Condenan otros siete que integraban red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con Operación Búfalo NK

SANTO DOMINGO.- Durante el conocimiento de un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó a otras siete personas físicas y clausuró tres empresas de la red de narcotráfico internacional y lavado de activos desmantelada a partir de la puesta en marcha de la Operación Búfalo NK en el año 2024.

Los miembros de la organización criminal con carácter transnacional a los que se les incautaron 1,824 kilogramos de drogas, se declararon culpables de los delitos previo a acuerdos con el órgano acusador que fueron homologados por el tribunal. En total 14 personas integrantes de la red fueron condenadas en el proceso penal.

Al acoger la solicitud de aplicación del Procedimiento Penal Abreviado que hizo el Ministerio Público, el tribunal condenó a Isidoro Rotestán Clase a 7 años de prisión, de los cuales deberá cumplir 3 años y seis meses en arresto domiciliario.

En tanto que Francisco Morrobel Pérez resultó condenado a 5 años con suspensión de la pena y el pago de una multa de RD$50 mil pesos.

Red de narcotráfico tras Operación Búfalo NK

También, Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán resultaron condenados cada uno a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una multa de 100 salarios mínimos. En el tiempo de la pena suspendida deben cumplir algunas reglas, entre estas residir en un domicilio fijo, estableciendo el tribunal, que, en caso de incumplimiento, deben cumplir la totalidad de la pena en prisión.

Además, clausuraron de manera definitiva las empresas Mariscos Del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L., estableciéndose también el pago de una multa para cada una por un monto de 100 salarios mínimos.

En el proceso se aplicó un Criterio de Oportunidad en favor de Braulio Rotestán Clase, Glorisel De La Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany De La Cruz Paulino.

Los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez representaron al Ministerio Público en la audiencia.

En esta, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó los acuerdos. En este proceso también se impusieron sanciones económicas por diferentes montos y se ordenó el decomiso de diversos bienes.

Entre estos figuran 18 inmuebles, dinero en pesos y dólares, armas de fuego, municiones, vehículos y embarcaciones.

El proceso judicial contra la red

Por su vinculación con este caso, también habían resultado condenados anteriormente Rafael Ynoa Santana y Robert Nicolás Acosta. A Ynoa Santana le impusieron la pena máxima de 10 años de prisión establecida por la ley para estos casos. Mientras que Acosta fue condenado a 7 años de prisión.

Además, codenaron a cinco años de prisión Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier. Asimismo, Maritza Flete Santana resultó sentenciada a tres años de prisión.

En el proceso también se le aplicó un criterio de oportunidad a Juan Henríquez Tavárez.

El tribunal ordenó, además, el decomiso de 18 inmuebles en total, entre apartamentos y residencias ubicados en zonas de Punta Cana, provincia La Altagracia. Asimismo, dispuso el decomiso de solares, terrenos y parcelas en zonas de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, en Azua, y La Romana.

Igualmente, se dispuso el decomiso de 16 vehículos terrestres, 6 autobuses de transporte masivo. También 7 embarcaciones, 5 motores fuera de borda, 3 armas de fuego y 115 municiones. También, un total de US$97,700 y RD$17,412,085.91.

La estructura criminal

La red la integraban ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, con conexiones además en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Esta estructura tenía capacidad para operar simultáneamente en diversas jurisdicciones, utilizando rutas marítimas y aéreas para trasladar cargamentos de cocaína a gran escala. De esta manera, se consolidó como un engranaje esencial del narcotráfico internacional.

La investigación se inició en el año 2020 con el apoyo de la DEA y autoridades colombianas. Posteriormente, se ejecutó la Operación Búfalo NK en septiembre de 2024 durante labores desarrolladas por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.