¿Puede un proceso penal terminar porque la justicia tardó demasiado? Esto dice el Código Procesal Penal

Sí. La legislación procesal penal dominicana establece un límite para que una persona permanezca sometida indefinidamente a un proceso. Si se vence el plazo máximo en las condiciones previstas por la ley, los jueces pueden declarar extinguida la acción penal.

Sin embargo, no significa que cualquier retraso provoque automáticamente el cierre de un caso: deben analizarse el tiempo transcurrido, las causas de las demoras, la conducta de las partes y si se trata de un asunto sometido a reglas especiales.

Una investigación penal puede extenderse durante meses o incluso años entre medidas de coerción, audiencias preliminares, juicios y recursos. Pero ¿existe un momento en que la justicia ya no puede continuar simplemente porque ha pasado demasiado tiempo?

La respuesta está en las disposiciones sobre control de la duración del proceso contenidas en el Código Procesal Penal de República Dominicana.

Existe, no obstante, una precisión importante: el texto de los artículos 148 al 154 que anteriormente establecía un máximo general de tres años corresponde al régimen anterior. Desde diciembre de 2025 está vigente la Ley núm. 97-25, Orgánica que instituye el Código Procesal Penal, que derogó las leyes 76-02, 10-15 y 361-22 y modificó tanto la numeración como varias de estas reglas.

¿Cuál es ahora el tiempo máximo de un proceso penal?

El artículo 150 del Código Procesal Penal vigente establece que la duración máxima de todo proceso es, como regla general, de cuatro años.

La ley señala como actos relevantes para el inicio de ese cómputo las solicitudes de medidas de coerción, la citación en calidad de imputado, el anticipo de pruebas y la inmovilización de fondos.

Esto constituye un cambio importante respecto del texto anterior citado, que establecía un máximo general de tres años.

Además, si durante ese período se produce una sentencia condenatoria, el plazo puede extenderse por doce meses adicionales con el propósito de permitir la tramitación de los recursos.

Por tanto, la regla actual no es simplemente “pasaron cuatro años y automáticamente se acabó el caso”. El tribunal debe determinar correctamente cómo se ha computado ese tiempo.

¿Qué ocurre si se vence el plazo máximo?

Aquí está una de las consecuencias más importantes.

El artículo 151 dispone que, vencido el plazo establecido en el artículo 150, los jueces, ya sea de oficio o a petición de una de las partes, declararán extinguida la acción penal conforme a los criterios establecidos en el Código.

La misma disposición ordena levantar las medidas de coerción, cautelares y de incautación existentes.

En otras palabras, el Código sí contempla que el transcurso excesivo del tiempo puede poner fin a la persecución penal.

De hecho, el propio Código enumera entre las causas de extinción de la acción penal el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso y el vencimiento del plazo máximo del procedimiento preparatorio cuando no se haya formulado acusación u otro requerimiento conclusivo.

¿Significa que cualquier retraso de la justicia hace caer un caso?

No.

El Código incorpora varias reglas que el juez debe considerar antes de determinar que el plazo efectivamente venció.

El artículo 146 establece que para valorar el plazo razonable deben tomarse en consideración factores como:

• La complejidad del caso, previamente declarada por un juez.
• La conducta de las partes durante el proceso.
• La negligencia o efectividad de las autoridades encargadas de llevar adelante el caso.

Por eso, dos procesos que han durado exactamente la misma cantidad de tiempo no necesariamente tienen idéntica situación jurídica.

¿Qué pasa si la propia defensa provoca los retrasos?

El Código establece expresamente una diferencia.

Los períodos de suspensión producidos por dilaciones indebidas o tácticas dilatorias atribuibles al imputado y su defensa no se integran al cómputo del plazo máximo, siempre que esas actuaciones hayan sido identificadas y declaradas mediante una resolución motivada en el momento en que ocurrieron.

En casos con varios imputados, esa exclusión se aplica individualmente a quien haya generado la dilación y no debe perjudicar el cómputo correspondiente a los demás coimputados que no participaron en ella.

Esto busca impedir que una persona provoque deliberadamente retrasos y después pretenda beneficiarse del tiempo que ella misma hizo perder al proceso.

¿Las apelaciones de la defensa alargan automáticamente los cuatro años?

No necesariamente.

La nueva legislación establece que el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución o por el propio Código no produce, por sí mismo, una reducción o extensión del plazo.

Esto es diferente de una táctica dilatoria declarada judicialmente.

Presentar un recurso legalmente reconocido no equivale automáticamente a retrasar indebidamente el proceso.