Fuerza del Pueblo cuestiona falta de datos confiables del Ministerio de Justicia

El titular de la Secretaría de Justicia de la Fuerza del Pueblo (FP), Hotoniel Bonilla, cuestionó la gestión del Ministerio de Justicia y advirtió sobre deficiencias en las estadísticas oficiales relacionadas con la seguridad y el sistema de justicia en República Dominicana.

Durante una entrevista en Despierta con CDN, Bonilla presentó un informe preliminar elaborado por la Secretaría de Justicia de la FP sobre la situación del Estado de Derecho, el sistema judicial y la protección de la dignidad humana, en el que identificó preocupaciones sobre la estabilidad normativa, el cumplimiento de decisiones judiciales y el manejo de las estadísticas oficiales.

Bonilla sostuvo que varias modificaciones legislativas impulsadas principalmente desde el Poder Ejecutivo han generado inestabilidad normativa y, según su análisis, algunas reformas habrían servido para otorgar posteriormente cobertura legal a decisiones o acciones que ya habían sido ejecutadas por el Gobierno.

“Se produjo un informe preliminar sobre la situación en general del Estado de Derecho, el sistema de justicia, sus distintos componentes, la dignidad de las personas, la dignidad humana”, afirmó.

Entre las normas analizadas por la Secretaría de Justicia de la FP figuran modificaciones a la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones, la legislación sobre fideicomisos públicos y una disposición relacionada con la extensión de concesiones aeroportuarias con vigencia hasta el 10 de noviembre de 2026.

Cuestionamientos a las estadísticas de seguridad y desapariciones

Uno de los principales puntos planteados por Bonilla fue la falta de información que, a su juicio, permita conocer con precisión la realidad de la criminalidad y las desapariciones en el país.

El dirigente opositor cuestionó la credibilidad de algunas estadísticas oficiales sobre seguridad y llamó a investigar de manera independiente las circunstancias en las que ocurren determinadas muertes durante actuaciones de agentes del Estado.

“Una autoridad administrativa ninguna otra puede disponer de la vida de una persona y de su integridad”, afirmó Bonilla, al insistir en que cualquier actuación de los organismos de seguridad que implique el uso de la fuerza debe ser investigada y sometida al control judicial correspondiente.

El informe también aborda el fenómeno de las desapariciones. Bonilla citó estimaciones que apuntan a más de 1,300 personas desaparecidas durante el año pasado, aunque reconoció que no existen datos oficiales suficientemente precisos que permitan determinar cuántos casos corresponden a hechos delictivos, accidentes, ausencias voluntarias u otras circunstancias.

A su juicio, establecer las causas resulta fundamental para diseñar una política pública efectiva. En particular, planteó la necesidad de determinar si algunas desapariciones están relacionadas con estructuras del crimen organizado vinculadas al tráfico de drogas, armas, personas u órganos.

Bonilla consideró que sin información confiable sobre estos fenómenos resulta difícil construir una estrategia integral para enfrentar la criminalidad y garantizar la protección de los derechos fundamentales.

Incumplimiento de sentencias y cuestionamientos al sistema judicial

Otro de los aspectos incluidos en el informe corresponde al incumplimiento de decisiones del Tribunal Constitucional, especialmente aquellas que involucran a instituciones públicas como la Policía Nacional.

Bonilla calificó esta situación como una amenaza a la institucionalidad democrática y citó la sentencia TC/1003/23, de diciembre de 2023, relacionada con el cobro de una tasa turística a dominicanos y residentes.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo reclamó que las instituciones correspondientes, entre ellas el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, cumplan con las decisiones emanadas de los tribunales.

También cuestionó el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura y afirmó que procesos anteriores de evaluación y selección de jueces han generado desconfianza en sectores de la sociedad.

Según Bonilla, existe preocupación por la percepción de que algunas decisiones dentro del organismo responden a criterios políticos y no exclusivamente a parámetros técnicos y profesionales.

Asimismo, señaló las renuncias y desistimientos de magistrados a participar en procesos de evaluación como una señal que debería resultar analizada por las autoridades.

Bonilla sostuvo que la escogencia de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia debe procurar el consenso entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de fortalecer la independencia judicial, la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía.