Un gobernador acorralado | Jaime Aristy Escuder

Durante la reunión de política monetaria de la semana pasada, la máxima autoridad de la Reserva Federal, Kevin Warsh, enfrentó una presión inusual dentro de su propio comité. Algunos miembros discreparon de sus planteamientos y votaron a favor de un aumento de 25 puntos básicos de la tasa de referencia, un ajuste que entienden necesario para frenar una inflación que continúa muy por encima de la meta anual.

En esa comparecencia, Warsh no ofreció una explicación convincente sobre los motivos de mantener sin cambios la tasa de política en el rango del 3.5% al 3.75%, a pesar de que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), se situó en un 3.7% interanual a junio, un nivel muy por encima de la meta del 2%.

Los presidentes Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) y Lorie Logan (Dallas) sostienen que la persistencia de la inflación justifica el aumento de las tasas de interés antes de que sea demasiado tarde y costoso. A la fecha, el mercado prevé con una probabilidad de un 66% que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) autorice en septiembre un aumento de 25 puntos básicos.

La evidencia empírica rigurosa y la teoría económica sólida terminan por acorralar y someter a la obediencia a los gobernadores de bancos centrales que se distancian excesivamente de la regla de política monetaria óptima. La corrección de rumbo —en este caso, hacia un territorio más restrictivo— es fundamental para fortalecer la credibilidad del organismo emisor y mantener el anclaje de las expectativas de inflación. De lo contrario, la sociedad paga el costo de la ineficiencia con la pérdida de su poder adquisitivo y el deterioro de su bienestar.