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Juez aboga por reforma de la jurisdicción administrativa

Actores del sistema advirtieron este miércoles, que la búsqueda de justicia por parte de ciudadanos que acuden ante la jurisdicción administrativa se queda estancada, al encontrarse con la realidad de que existe tan solo una sede para las 31 provincias.

Noemy Vicioso
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Santo Domingo, República Dominicana. – Momentos en que el país debate las modificaciones al controvertido Código Penal, las reformas en otras materias de la justicia se quedan rezagadas.

Actores del sistema advirtieron este miércoles, que la búsqueda de justicia por parte de ciudadanos que acuden ante la jurisdicción administrativa se queda estancada, al encontrarse con la realidad de que existe tan solo una sede para las 31 provincias.

A juicio del magistrado Argenis García, la expansión de salas de la jurisdicción administrativa a nivel nacional, es una reforma urgente que necesita República Dominicana. Informó que el proyecto de ley con que busca crea más tribuales administrativos, permanece estancado en el Congreso, a dos años de haber sido depositado.

El magistrado afirma que los aclamados avances del Poder Judicial, no han cubierto la necesidad de crear tribunales de la jurisdicción administrativa fuera de la capital. Situación que ha impactando negativamente el deseo de justicia en los ciudadanos.

Según explicó, el número de procesos judiciales iniciados por empresas y ciudadanos contra la administración pública ha experimentado un incremento en los últimos años.

Destacaron relevancia de las sanciones en la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. Consideran que constituyen un instrumento fundamental para garantizar que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad y dentro del marco legal. Asimismo, señalaron que una aplicación efectiva y consistente de esta normativa contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Además, prevenir arbitrariedades, fomentar la rendición de cuentas y consolidar una administración pública más transparente, eficiente y respetuosa de los derechos de los administrados.

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