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PC difunde el 9.º informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa

El informe señala que, en apenas dos semanas, se produjeron decisiones en tres de los principales expedientes de corrupción administrativa del país, lo que ha resultado en 95 condenas en primera instancia y el envío a juicio de fondo de 191 imputados. Además, anuncia que el caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao lo incorporarán al observatorio. Esto para dar seguimiento a su evolución.

Noemy Vicioso
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Participación Ciudadana presentó el noveno informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, en el que da seguimiento a los principales procesos por presunta corrupción que cursan en los tribunales dominicanos. El documento destaca los avances registrados en los casos Adán Cáceres, Donald Guerrero y osé Ángel «Jochi» Gómez, debido a recientes decisiones judiciales de gran relevancia.

El informe señala que, en apenas dos semanas, se produjeron decisiones en tres de los principales expedientes de corrupción administrativa del país, lo que ha resultado en 95 condenas en primera instancia y el envío a juicio de fondo de 191 imputados. Además, anuncia que el caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao lo incorporarán al observatorio. Esto para dar seguimiento a su evolución.

Caso Donald Guerrero

En el caso Donald Guerrero, la jueza de la audiencia preliminar envió a juicio de fondo a la mayoría de los imputados, aunque dictó auto de no ha lugar para cinco personas, decisión que apeló el Ministerio Público y el equipo de recuperación de bienes del Estado.

En el caso Adán Cáceres, el tribunal condenó a 20 personas. Impuso penas de hasta 20 años de prisión, además del decomiso de bienes y una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado. Siete imputados los absolvieron.

Mientras, en el caso José Ángel «Jochi» Gómez, todos los imputados los enviaron a juicio de fondo. Esto por presuntos delitos de corrupción, estafa, lavado de activos, coalición de funcionarios, sabotaje y delitos tecnológicos. La primera audiencia la fijaron para el 11 de agosto de 2026.

Participación Ciudadana reiteró que el juicio de fondo es la etapa idónea para esclarecer los hechos, ya que permite el examen público de las pruebas. Garantiza el debido proceso. Recordó que el envío a juicio no implica culpabilidad y que la presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una sentencia definitiva.

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