ADP rechaza informe de Educa y revela millonaria inversión recibida por la entidad a través del Minerd

Santo Domingo, República Dominicana .- El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó las conclusiones presentadas por Acción Empresarial por la Educación (Educa) en su denominado Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, por considerar que el mismo contiene graves inconsistencias metodológicas, presenta datos descontextualizados y pretende responsabilizar exclusivamente a los docentes de problemas cuya causa real se encuentra en las deficiencias estructurales del sistema educativo nacional.

La ADP consideró preocupante que entidades privadas pretendan erigirse en árbitros de la educación pública dominicana mediante la elaboración de informes que no cuentan con el aval técnico ni institucional del Ministerio de Educación (Minerd), organismo legalmente facultado para evaluar y monitorear el cumplimiento del calendario escolar.

“En primer lugar, el informe de Educa parte de una base cuestionable y errónea al afirmar que durante el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia. Según el calendario escolar oficial aprobado por el Consejo Nacional de Educación, los niveles de Educación Inicial y Secundaria, incluyendo las modalidades Técnico Profesional, Artes y Centros de Excelencia, tienen establecidas 1,528 horas de clases distribuidas, en 191 días lectivos, por lo que las cifras presentadas requieren una explicación que valide si solo se impartieron 144 horas de clases antes de construir conclusiones de carácter nacional”, afirmó la ADP en su respuesta a Educa.

Asimismo, resulta incorrecto afirmar que 55 convocatorias de suspensión impactaron a los 7,921 centros educativos públicos y semioficiales del país. La realidad es que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP tiene más de tres años sin convocar una paralización nacional de la docencia.

Reclamos de los docentes

Precisó que los reclamos de los docentes, en diferentes comunidades, municipios y provincias del país (Duarte, Santiago, Azua y San Juan de la Maguana, Haina, Tamayo y Boca Chica) son legítimos. Están relacionados con el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de aulas. Además, las condiciones de seguridad en los centros educativos y situaciones extraordinarias como las intoxicaciones provocadas por fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís.

“Pretender contabilizar estas luchas como simples pérdidas económicas constituye una visión reduccionista. Una visión que ignora que muchas de esas acciones procuran, precisamente, garantizar condiciones adecuadas. Condiciones para el aprendizaje de los estudiantes”, sostuvo el CEN de la ADP.

La ADP también cuestiona la autoridad moral con la que Educa, el Foro Socioeducativo, la Federación de Apmae y Fe y Alegría presentan estimaciones económicas. Estigmaciones sobre la educación pública, cuando dichas instituciones reciben recursos provenientes del propio Estado dominicano.

Datos oficiales indican que durante los últimos cinco años Educa ha recibido RD$67,078,539.93 a través de programas de formación. Programas financiados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), mientras que Fe y Alegría ha recibido RD$12,037,375.00 por concepto de subvenciones. En conjunto, ambas entidades han percibido RD$79,115,914.93 provenientes de fondos públicos.