El Gobierno comienza a reaccionar | Jaime Aristy Escuder

En el Consejo de ministros celebrado la semana pasada se reconoció que el impacto negativo de la guerra en Medio Oriente sobre la inflación, el crecimiento económico y las finanzas públicas será inevitable. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, declaró que se producirá un deterioro de las cuentas externas y del saldo de las finanzas públicas. Mientras, se dio a conocer que el subsidio de la presente semana superará los 1,400 millones de pesos, aun cuando se aprobaron ligeros incrementos de los precios de algunos combustibles.

El reconocimiento de esa realidad obligó a las autoridades a anunciar un conjunto de medidas orientadas a reducir el gasto público por una suma total de 40 mil millones de pesos. Entre las acciones previstas se encuentran la racionalización del combustible, la publicidad y las contrataciones. Asimismo, se propuso, entre otras iniciativas, la reducción de un 50% del presupuesto de los partidos políticos y el recorte de los gastos operativos.

Para facilitar el seguimiento de esas medidas, que deben complementarse con la disminución de otros gastos no prioritarios, es conveniente que se publique el monto que corresponde a cada una y que, mensualmente, se verifique el grado de cumplimiento de las metas.

El éxito del ajuste de gastos públicos es clave para que los agentes económicos acepten los incrementos de precios de los combustibles y de la tarifa eléctrica. El ajuste de dichos precios enviaría la señal adecuada para moderar el consumo de esos bienes y servicios. El ahorro fiscal permitiría, además, dirigir recursos hacia la protección de los hogares más vulnerables mediante subsidios y transferencias focalizados. Esa sería la política óptima de gastos públicos.