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El presidente Luis Abinader anunció la detención inmediata de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, en respuesta al rechazo expresado por sectores de la población.
El mandatario explicó que la decisión se fundamenta en el marco legal vigente, específicamente en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la cual establece que proyectos de alto impacto no pueden avanzar si enfrentan una oposición social significativa.
Decisión basada en rechazo social
Abinader subrayó que su administración escucha las inquietudes de la ciudadanía y actúa con prudencia y responsabilidad. En ese sentido, indicó que el rechazo masivo al proyecto lo hace inviable en las condiciones actuales.
El jefe de Estado enfatizó que la iniciativa minera no es reciente, ya que sus orígenes se remontan a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010, con renovaciones posteriores en 2015 y 2018.
Proyecto en fase preliminar
El Gobierno aclaró que, durante la actual gestión, el proyecto Romero se encontraba exclusivamente en fase de evaluación ambiental, sin contar con autorización para su explotación.
La decisión marca un precedente en la relación entre política ambiental y participación ciudadana, en un contexto donde los conflictos socioambientales han ganado protagonismo en el país.
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