Rechazan recusación contra jueza del caso del fiscal Aurelio Valdez Alcántara

El Pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible la recusación interpuesta por la defensa del imputado Aurelio Valdez Alcántara contra la magistrada Ysis B. Muñiz Almonte, jueza de instrucción especial.

Con esta decisión, la magistrada queda ratificada para continuar con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción y las etapas subsiguientes del proceso.

Mediante la resolución penal núm. 027-2026-SRES-0001, de fecha 27 de abril de 2026, el tribunal colegiado determinó que el recurso presentado por los abogados Yessi Oscar Medina Mateo y Albert Thomas Delgado Lora fue depositado fuera de los plazos legales establecidos.

La corte fundamentó su decisión en que la recusación, planteada inicialmente en audiencia el 10 de abril y ampliada mediante escrito el 12 de abril, no cumplió con el plazo de tres días previsto en el párrafo II del artículo 82 del Código Procesal Penal (CPP).

La resolución contó con la firma digital de un panel de diez magistrados, encabezado por el juez Julio César Canó Alfau, e integrado por Pedro A. Sánchez Rivera, Nancy Joaquín Guzmán, Luis O. Jiménez Rosa, Daniel J. Nolasco Olivo, Ramona Rodríguez López, Mariana D. García Castillo, Teófilo Andújar Sánchez, Daisy I. Montás Pimentel y Rafael A. Báez García.

La decisión fue remitida a la Secretaría General para su notificación oficial a las partes, incluyendo a la defensa del imputado y a los representantes del Ministerio Público, los magistrados Wilson Camacho, titular de la Pepca, y Andrés Mena.

El Caso

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara lo señala el Ministerio Público de presuntas violaciones a los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal. También a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Se le acusa de haber recibido dinero por parte de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Dada la condición de fiscal del imputado y la gravedad de los hechos, el órgano persecutor ha solicitado un año de prisión preventiva. El mismo argumentando un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.