Comunidades de San Juan mantienen rechazo a minería; denuncian desacato a sentencia del Tribunal Constitucional

El debate sobre la explotación minera en San Juan de la Maguana continúa intensificándose, en medio de posiciones encontradas entre autoridades y comunidades que rechazan la intervención en la zona. Mientras sectores oficiales destacan el potencial económico de la minería, organizaciones sociales insisten en los riesgos ambientales y sociales que implicaría el proyecto.

El abogado Ryan González, miembro directivo del Movimiento Sur Oeste Unido por el Agua y la Vida, reiteró la oposición de las comunidades a los permisos de exploración otorgados a la empresa minera, alegando falta de confianza en las autoridades y en el cumplimiento de las normativas ambientales.

González denunció que, pese a existir decisiones judiciales, la empresa continúa realizando trabajos en la zona, lo que, según afirma, pone en duda la legalidad de las operaciones.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa . Transmitido de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m.

“Es cuesta arriba creerle a la minera, creerle al medio ambiente y creerle al presidente, cuando en estos momentos se está desacatando una sentencia judicial del más alto tribunal de la República Dominicana”, expresó.

El jurista explicó que el movimiento logró una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena paralizar las actividades hasta contar con una licencia ambiental, pero asegura que la empresa ha continuado con la instalación de campamentos y obras civiles en la zona de Hondo Valle de Zabaleta.

Recursos hídricos

Asimismo, sostuvo que la comunidad teme por el impacto en los recursos hídricos, destacando que la Constitución establece la protección especial del agua.

“Los gobiernos prefieren entregar nuestras aguas a empresas particulares y no dejarla para que el pueblo siga sobreviviendo de la agricultura”, afirmó.

González también cuestionó el respaldo que, a su juicio, recibe la empresa por parte de instituciones estatales.

“Evidentemente, se sienten muy respaldados, tanto por el Ministerio del Medio Ambiente como por el Ministerio de Energía y Minas”, indicó.

En cuanto a las acciones futuras, el abogado adelantó que continuarán las movilizaciones y los procesos legales.

“Lo que nos queda, por ahora, es seguir en las calles y hacer los procedimientos legales correspondientes”, dijo.

Además, anunció que el movimiento se prepara para ejecutar sanciones contra la empresa por presuntamente operar sin autorización.

“Vamos a proceder a ejecutar en los próximos días” las medidas contempladas en la sentencia, explicó.

El conflicto refleja la tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental. Mientras el Gobierno aún no emite una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto minero en la provincia.