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Abogado de José Ramón Peralta denuncia manipulación y solicita archivo del caso

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. La audiencia preliminar de José Ramón Peralta está en curso y la defensa cuestiona la solidez de la acusación, sosteniendo que la base probatoria es testimonial y contradictoria. Según […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
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La audiencia preliminar de José Ramón Peralta está en curso y la defensa cuestiona la solidez de la acusación, sosteniendo que la base probatoria es testimonial y contradictoria.

Según el abogado defensor Pedro Balbuena, la acusación descansaría fundamentalmente en la declaración de una persona que inicialmente fue procesada como acusado y luego no fue formalmente acusada, pero se pretende introducirla ahora como testigo.

«Esa persona… en 2021 narra una historia y un año después dice exactamente la misma historia, pero sustituyendo los sujetos responsables», afirmó Balbuena en el programa matutino Despierta con CDN.

La defensa señaló que el interrogado fue presentado en dos ocasiones como acusado, no fue procesado ni se aplicaron instrumentos procesales como el criterio de oportunidad o el testigo de la corona, y aun así se busca admitir su testimonio.

Balbuena afirmó que la declaración cambiada entre 2021 y 2022, y la ausencia de procesamiento, colocan en duda la ética de la persecución penal y la admisibilidad de la prueba testimonial.

El abogado añadió que la acusación incluye documentos dispares como actas de nacimiento, papeles bancarios y certificados financieros que no estarían vinculados de forma directa al hecho imputado a Peralta.

Sobre la expectativa procesal

Balbuena señaló que la audiencia preliminar aún debe concluir las intervenciones, incluidas réplicas y contrarréplicas. Ademásdijo que el tribunal podría decidir en unas dos o tres semanas si el caso procede a juicio.

Indicó que falta la intervención del imputado que tenía el último turno y luego vendrán las réplicas del Ministerio Público y querellantes, seguidas de la contrarréplica de la defensa.

Críticas a la construcción del caso

La defensa plantea que la acusación la habrían diseñado más para impactar mediáticamente que para sustentar un proceso penal con pruebas concretas y comprobables.

Balbuena sostuvo que muchos de los cargos se sustentan en afirmaciones sin respaldo documental ni técnico. También que la narrativa del Ministerio Público dependería principalmente de las declaraciones de Francisco Pagán y Bolívar Ventura.

También señaló que, aunque Pagán lo condenaron mediante un procedimiento abreviado en otro expediente, su condición penal. Además de las consecuencias de la condena podrían afectar su admisibilidad como testigo.

Enfatizó que la confirmación mutua entre imputados no sustituye pruebas independientes. Además que un juicio debe centrarse en hechos probados, no en la persecución de personas por su condición política o pública.

Riesgo de la «criminalización de la política»

Balbuena advirtió sobre el riesgo de la «criminalización de la política» si procesos de gran resonancia mediática avanzan sin pruebas sólidas que permitan escrutinio judicial efectivo.

El abogado defendió la idea de que el proceso penal debe perseguir hechos y no autores por su identidad. También que la acusación debe describir con precisión los hechos imputados para garantizar el derecho a la defensa.

En relación con otros imputados del expediente, indicó que, además de Peralta, permanecen implicados «los tres ministros principales» y alrededor de catorce personas más. También puntualizó que su comentario se centró en la prueba relativa a Peralta.

Balbuena expresó la expectativa de que el sistema de justicia reconozca las debilidades probatorias. También que dicte un auto de no ha lugar si se confirma la inadmisibilidad de la prueba testimonial central.

Finalmente, al consultarlo sobre precedentes del Tribunal Constitucional y el uso de motes contra imputados, consideró necesario exigir el acatamiento de los precedentes del TC. También evitar estigmatizaciones que afecten la dignidad de las personas.

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