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MP solicita prisión preventiva para miembros de red de explotación sexual detenidos en Puerto Plata

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro imputados acusados de integrar una red de trata y explotación sexual que operaba en un centro nocturno de Puerto Plata, donde fueron rescatadas 20 víctimas durante allanamientos simultáneos.

Marianny Valdez
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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Fiscalía de Puerto Plata, la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para los miembros de una red que explotaba sexualmente en un centro de diversión nocturna.

La solicitud de medida de coerción la solicitó la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata contra Rocío Nicole Paulino (Mamasan). También contra Vanesa Sirete de Ventura, Medelyn Antorcha Francisco Cortés y Luis Carlos Céspedes Herrera.

La titular de la PETT, Yoana Bejarán, junto al fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan Torres, y la fiscal Carmelina Soto, solicitaron al tribunal, además, declarar el caso de transmutación compleja.

Los imputados resultaron arrestados en allanamientos simultáneos realizados por la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexo (Uitimc), adscrita a la PETT, en coordinación con la Dirección de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de Puerto Plata y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.

Allanamientos

Las autoridades persiguen, además, a una mujer vinculada a la red. Los allanamientos, en los que el órgano persecutor rescato a las 20 víctimas de esta red de explotación sexual y comercial, se realizaron en el centro de diversión nocturno Keobs Night Club, ubicado en la calle de Las Palomas; en el edificio Carlos III, en la calle Primera Cerros del Atlántico y en un hotel de Puerto Plata.

La red incurría en el delito de explotación sexual de sus víctimas dominicanas, haitianas y colombianas. El modus operandi de la referida estructura se caracterizó por la captación de mujeres mediante engaño y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad. Las mismas eran acogidas y retenidas en el establecimiento, restringiendo su libertad ambulatoria mediante reglas, multas y vigilancia constante. Así como su explotación sexual sistemática en habitaciones habilitadas para tales fines, todo ello bajo la coordinación y control de los imputados.

Los pagos efectuados por los clientes eran recibidos, administrados y distribuidos por los miembros de la estructura. Esto, sin que las víctimas percibieran beneficio directo, configurándose de manera clara los verbos rectores del tipo penal de trata de personas: captar, transportar, acoger, retener y explotar, con fines de explotación sexual y lucro ilícito.

Incautaciones

En el operativo, en el que participaron miembros de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional; así como la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB), se ocupó una escopeta calibre 12 con más de veinte cartuchos. Además, alrededor de 900 mil pesos y 26 mil 600 dólares.

También ocuparon prendas de un metal amarillo, presumiblemente oro. Asimismo, cuadernos y libretas de apuntes, equipos electrónicos, así como dos vehículos, uno Hyundai Sonata y uno Suzuki.

El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica provisional de trata de personas agravada. Tal como lo estipulan los artículos 1, 3 literales C y E, y artículo 7 literales A y D, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.

También de proxenetismo agravado, por sus actuaciones violatorias a las disposiciones de los artículos 334 y 334-1, numeral 6, del Código Penal Dominicano. Mismos, modificados por la Ley 24-97, y así como de lavado de activos. Esto, por incurrir en la violación de los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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