Finjus valora Carta Pastoral del 21 de enero como un diagnóstico coherente de la realidad social dominicana

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró de manera altamente positiva la Carta Pastoral del 21 de enero de 2026, emitida por la Conferencia del Episcopado Dominicano con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, al considerar que se trata de un documento lúcido, coherente y valiente que aborda con profundidad los principales desafíos sociales, éticos e institucionales que enfrenta la República Dominicana.

La entidad destacó que, como ha sido tradición en las últimas décadas, los obispos dominicanos han presentado un documento de alto valor histórico y social, en el que analizan el creciente malestar colectivo y la crisis de valores que se manifiesta en distintos ámbitos de la vida nacional, desde la corrupción y la inseguridad hasta la violencia y la exclusión social.

Finjus subrayó que el contenido de la Carta Pastoral coincide ampliamente con los planteamientos desarrollados en su documento “Análisis sobre la institucionalidad y la justicia en 2025 y desafíos para 2026”, presentado el pasado 7 de enero, lo que refuerza la pertinencia del diagnóstico realizado por el Episcopado.

 Finjus resalta llamados a enfrentar la corrupción

De manera especial, la fundación resaltó los llamados de la Iglesia a enfrentar de forma decidida la corrupción y fortalecer el sistema de justicia. Además, promover la transparencia y priorizar políticas públicas orientadas a erradicar la violencia y la criminalidad. Aspectos que, según Finjus, cuentan con un amplio consenso entre diversos sectores sociales.

Uno de los puntos más enfáticos de la Carta Pastoral, valorados por la entidad, es la caracterización de la corrupción como un “cáncer social”. Un cáncer que genera muerte, exclusión y desigualdad, al punto de describirla como una “tumba” que niega medicinas a los enfermos y provoca sufrimiento innecesario. Finjus destacó que los obispos vinculan esta práctica a una ruptura profunda de las relaciones humanas y espirituales.

En ese sentido, la fundación coincidió plenamente con el llamado del Episcopado a una renuncia colectiva de esta práctica. Además, acompañada de sanciones ejemplares sin privilegios, y a la priorización del bien común sobre los intereses particulares. Finjus consideró que este enfoque encuentra una oportunidad concreta con la adopción del nuevo Código Penal (Ley 74-25). Al que definió como una herramienta clave para enfrentar nuevas modalidades delictivas desde una perspectiva integral que combine la dimensión moral con la legal.