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Lula veta la ley que aminora la pena de Bolsonaro y otros condenados por el golpe

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vetó la ley que buscaba reducir las penas de Jair Bolsonaro y otros condenados por su implicación en el intento de golpe de Estado. La decisión ha generado una nueva ola de tensiones políticas en Brasil, donde sectores oficialistas defienden el veto como una medida para proteger la democracia, mientras la oposición acusa al Gobierno de persecución política y de profundizar la polarización institucional.

Nicole de la Cruz
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São Paulo. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

La negativa del mandatario se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado el 8 de enero de 2023 por simpatizantes de Bolsonaro.

En su discurso, Lula, que estuvo acompañado de algunos miembros del Ejecutivo, destacó la «firmeza» de las instituciones democráticas brasileñas, las cuales, según él, le dieron a los acusados por el intento de golpe de Estado «un juicio justo, con todos sus derechos preservados».

«Tal vez la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio de los golpistas por parte del STF (Supremo Tribunal Federal)», expresó el mandatario progresista.

«Todos ellos tuvieron amplio derecho a la defensa. Los juzgaron con transparencia e imparcialidad», manifestó Lula, quien a continuación felicitó a los jueces de la Corte Suprema a cargo del proceso, cuya conducta, según él, «se recordará en la historia».

Congreso puede revertir el veto presidencial

La ceremonia nació como un símbolo de consenso entre los tres poderes. Sin embargo, en esta ocasión no contó con la presencia de los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, ni de la Cámara de Diputados, Hugo Motta. Ambos justificaron su ausencia por asuntos personales.

Tampoco estuvieron presentes miembros de la Corte Suprema, quienes optaron por organizar sus actos institucionales independientes.

Con todo, el veto de Lula podría ser derrumbado por el propio Congreso Nacional. La Cámara está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo, incluso sin la firma del mandatario.

El proyecto de ley vetado contiene medidas que benefician directamente a la cúpula del movimiento golpista. Entre ellas, impide la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático, de derecho y de golpe de Estado, al considerarlos tipos penales similares y aplicar solo la pena más grave, lo que reduce significativamente los años de condena.

Congreso podría revisar veto de Lula

Asimismo, la propuesta plantea reducir hasta en dos tercios las penas cuando los crímenes fueran practicados como parte de una “multitud”, como sucedió en el asalto del 8 de enero de 2023. Además, permite una progresión más rápida al régimen semiabierto tras cumplir apenas una sexta parte de la condena.

Bajo estos criterios, Bolsonaro, altos cargos militares y antiguos ministros del gabinete conservador podrían abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años. Sin embargo, aún estarían obligados a dormir en la cárcel y a pasar los fines de semana recluidos durante un tiempo establecido por la Justicia.

Tres años después de los violentos actos contra las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Supremo ya condenó a más de 1.399 acusados. Así lo indican datos divulgados hoy por la propia institución.

De los 31 principales actores oficiales acusados de liderar, planificar o ejecutar la trama golpista, condenaron a prisión a 29. Entre ellos figuran el expresidente Jair Bolsonaro, señalado como el encargado de orquestar la operación, así como otros aliados y miembros de su Gobierno.

Absolvieron a los dos restantes por falta de pruebas. Se trata de un general del Ejército y de un delegado de la Policía Federal, exdirector de Operaciones del Ministerio de Justicia.

Las condenas se dictaron por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado. También incluyen participación en una organización criminal armada, daños graves y deterioro de patrimonio protegido.

Hasta el momento, solamente los primeros siete juzgados del denominado “núcleo 1”, al que pertenece el líder ultraderechista, cumplen condena efectiva. Los demás aún se encuentran en fase de apelaciones.

Con información de: EFE

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