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Industria minera crece pendiente de reformas y mayor regulación

La industria minera dominicana retoma impulso, amplía mercados internacionales y fortalece su aporte económico al país; sin embargo, el crecimiento del sector reabre el debate sobre los riesgos ambientales, justo cuando se discute una reforma a la ley minera para garantizar un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

Marianny Valdez
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República Dominicana continúa conquistando nuevos mercados internacionales para la comercialización de metales preciosos como el oro, en un contexto donde la industria minera muestra una recuperación sostenida y retoma su ritmo de crecimiento económico.

Sin embargo, junto al avance del sector surgen interrogantes: ¿qué recibe el Estado a cambio de permitir la explotación minera?, ¿qué proyectos pretenden desarrollarse en los próximos años y por qué generan preocupación en ambientalistas?

Estos cuestionamientos son parte del análisis que presenta la periodista Karelyn Cuevas en la segunda entrega del especial “Oro en la Montaña: naturaleza y minería en equilibrio”, donde se aborda el impacto económico, ambiental y social de esta industria.

República Dominicana cuenta con importantes reservas minerales, incluyendo oro, plata, ferroníquel, cobre, zinc, bauxita y el exclusivo larimar. Asimismo, exploraciones en tierras raras, esenciales para tecnologías modernas. Durante la pandemia, mientras la economía mundial se desaceleraba, el incremento del precio del oro permitió ingresos que resultaron clave para financiar programas sociales, según explicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Actualmente, el sector minero representa el 1.5 % del PIB, equivalente a más de RD$110 mil millones. Este genera más de 30 mil empleos, de los cuales 7 mil son directos. Además, ha logrado expandirse hacia nuevos mercados. Principalmente, India, que concentra más del 66 % de las exportaciones, seguida de Canadá, Estados Unidos, China y Suiza.

No obstante, este crecimiento se desarrolla sobre una delgada línea entre regulación y sostenibilidad.

Nuevos proyectos en San Juan y Dajabón, junto a las operaciones en Sánchez Ramírez, mantienen encendido el debate social por los posibles riesgos ambientales. Mientras tanto, las autoridades impulsan una reforma a la ley minera de 1971. Esto, con la promesa de garantizar un equilibrio entre desarrollo económico y protección medioambiental.

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