Carlos Balcácer cuestiona prisión preventiva y uso de la “lesividad social” en caso Senasa

Santo Domingo, RD.– El abogado penalista Carlos Balcácer afirmó que el caso de presunta corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa) pone a prueba la independencia del sistema de justicia dominicano y genera un debate necesario sobre el uso de la prisión preventiva en procesos vinculados a presuntos actos de corrupción.

A su juicio, el Ministerio Público está facultado constitucionalmente para investigar, pero debe actuar con apego estricto a la ley y a los principios del debido proceso.

Balcácer explicó que la imposición de medidas de coerción solo procede cuando se cumplen tres condiciones esenciales. Estas son: peligro de fuga, riesgo de reiteración delictiva y posibilidad de obstrucción de la investigación. Sin embargo, sostuvo que en los casos de corrupción administrativa no existen evidencias estadísticas que demuestren una tendencia real a la fuga de los imputados.

Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 de la noche. El jurista abordó el proceso desde una perspectiva jurídica general y no únicamente desde la defensa de su representado.

El penalista cuestionó el uso reiterado del argumento de la “lesividad social” para justificar la prisión preventiva. Señaló que este criterio no puede colocarse por encima del principio constitucional de presunción de inocencia. Indicó que la gravedad mediática de un caso no sustituye la obligación de demostrar legalmente los presupuestos que ameritan una medida privativa de libertad.

Abogado Balcácer critica prisión preventiva

Asimismo, criticó lo que definió como un discurso dogmático del Ministerio Público al solicitar prisión preventiva sin detallar de manera concreta cómo un imputado podría sustraerse del proceso o interferir en la investigación. Recordó que, históricamente, los acusados en casos de cuello blanco suelen presentarse voluntariamente ante los tribunales.

Balcácer también se refirió a la figura del criterio de oportunidad, aclarando que no se trata de un acuerdo entre partes, sino de una facultad discrecional del Ministerio Público que debe ser homologada por un juez. A su entender, esta herramienta debe aplicarse con equilibrio y coherencia para evitar percepciones de trato desigual entre imputados.

Advirtió que el manejo inadecuado de las medidas de coerción puede generar desconfianza ciudadana en el sistema judicial. Asimismo, “hacer tambalear el tablero de la justicia”, por lo que llamó a que los jueces actúen como verdaderos garantes de los derechos fundamentales.