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Santo Domingo, República Dominicana. – Bajo las consignas de “la Corrupción nos roba la vida y la salud, el robo en el Senasa me deja sin salud y el Caribe Zona de Paz”, el Frente Amplio realizó su 6ta Caminata – Protesta, exigiendo castigo total contra todos los responsables del entramado de corrupción que operó en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como la salida inmediata de fuerzas militares estadounidenses del territorio dominicano y del Caribe, en defensa de la soberanía nacional.
La caminata protesta partió desde el club San Carlos, ubicado en la avenida México, y concluyó en el busto de Caamaño en la calle El Conde.
El Frente Amplio reconoció como un paso importante los recientes apresamientos de los imputados en la operación Cobra. Señaló que no debe quedar ni un solo participante entramado criminal sin castillo ejemplar.
La organización reiteró que en este caso se investigan graves irregularidades administrativas, desvíos millonarios de fondos públicos, contabilidad paralela y sobornos. Además, duplicidad de facturas, pagos irregulares a prestadores privados y programas con miles de millones sin beneficiarios identificados. Lo que podría traducirse en daños incalculables en la vida de la población
“Se necesita un castigo tan ejemplar, que a nadie más se le ocurra siquiera pensar en robarse el dinero público que es el dinero del pueblo, por ello nadie que haya participado en el robo del dinero de la salud de las familias, sobre todo las más pobres, puede quedar impune” afirmó la vocera de la entidad política, María Teresa Cabrera.
Defensa de la soberanía nacional
La organización política también protestó en defensa de la soberanía nacional, profundamente lacerada por la decisión del presidente Luis Abinader. Autorizar a los Estados Unidos el uso de espacios en la Base Aérea de San Isidro. En el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas que, aunque utilicen como pretexto la lucha contra el narcotráfico. Dijeron saber que la verdadera razón es la pretensión de agredir Venezuela para apropiarse de su petróleo y sus recursos naturales.
Reiteró que dicha autorización constituye una violación al ordenamiento constitucional y un grave precedente para la soberanía nacional.
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