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Condenan a 42 meses de prisión a excongresista colombiana Aida Merlano por delito de fuga

La excongresista colombiana Aida Merlano fue sentenciada a 42 meses de prisión por el delito de fuga, tras escapar en 2019 durante una cita médica en Bogotá. La justicia reafirmó su responsabilidad en la evasión y confirmó que deberá cumplir la pena impuesta.

Nicole de la Cruz
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Bogotá. Se le condenó a 42 meses de prisión y un día a la excongresista colombiana Aida Merlano, quien en octubre de 2019 escapó de la cárcel mientras se encontraba en una cita médica en Bogotá, por el delito de fuga de presos, informó este viernes la Fiscalía.

La condena la impuso un juez luego de un preacuerdo entre la Fiscalía y Merlano, explicó el ente acusador en un comunicado.

Los hechos investigados ocurrieron el 1 de octubre de 2019, en el momento en que la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) trasladaba a la exsenadora, quien cumplía una condena de quince años de prisión, a un consultorio odontológico del norte de Bogotá, para asistir a una cita que tenía programada.

Los registros fílmicos y las pruebas recopiladas por la Fiscalía dan cuenta de que Merlano llegó al consultorio y allí recibió una maleta de sus hijos que la esperaban. Esta sacó una cuerda, la amarró a la base de un mueble y la usó para escapar por la ventana de un segundo piso.

La excongresista escapó con ayuda externa, según la Fiscalía.

En la calle, un motociclista esperaba a Merlano, que la trasladó con rumbo desconocido. Se volvió a saber de ella el 27 de enero de 2020, cuando fue arrestada en Maracaibo (Venezuela), país al que entró con documentación falsa.

Para la Fiscalía, Merlano «actuó premeditadamente y sabía que recibiría apoyo para concretar la fuga».

Merlano está privada de la libertad en una sede militar del departamento caribeño del Atlántico y cumple una condena por otros hechos.

La exparlamentaria barranquillera fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y su investidura como senadora para el periodo 2018-2022 se anuló en septiembre de 2018 por el Consejo de Estado. Tras superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de las campañas electorales.

Con información de: EFE

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