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Sentencia 125-25 del TC sobre relaciones homosexuales en la Policía y Fuerzas Armadas genera opiniones divergentes

La sentencia 125-25 del Tribunal Constitucional, que elimina las sanciones por relaciones entre personas del mismo sexo en la Policía y las Fuerzas Armadas, ha generado posiciones encontradas en el país. Actores sociales y expertos en derecho celebran el fallo como un avance en igualdad y derechos humanos, mientras que exgenerales cuestionan su impacto en la moral y las costumbres nacionales. El fallo obliga a ambas instituciones a revisar sus normativas para garantizar la no discriminación.

Marianny Valdez
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La sentencia 125-25 del Tribunal Constitucional ha generado un intenso debate al dejar sin efecto las disposiciones que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Especialistas en sociología y derecho consideran que la decisión representa un avance significativo en materia de igualdad y respeto a los derechos fundamentales. La trabajadora social Lesly Disla Correa y el sociólogo Fernando Peña coincidieron en que la sentencia reconoce los derechos civiles de un sector históricamente marginado. Asimismo, que su despenalización constituye un paso importante en la construcción de una sociedad más democrática.

Para los juristas Idian Medina y Miciades Guevara, la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta al artículo 43 de la Constitución dominicana. Mismo, que reconoce el derecho a la dignidad humana.

Sin embargo, el fallo generó rechazo entre exgenerales retirados, como Jorge Zorrilla Ozuna y Marco Jiménez. Ambos consideran la sentencia un desacierto que, según ellos, contradice la moral y las costumbres del pueblo dominicano. Ambos criticaron que el país adopte medidas similares a las implementadas en naciones europeas, asegurando que la realidad cultural del Caribe es distinta.

Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional deja sin efecto dos artículos del Código de Justicia de la Policía y las Fuerzas Armadas. Esto obliga a ambas instituciones a revisar y adecuar sus normativas internas para garantizar la igualdad y la no discriminación.

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