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Finjus expresa preocupación por el proceso de evaluación de jueces de la SCJ

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores. Santo Domingo, R.D.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó su preocupación por los criterios utilizados por el Consejo Nacional de la […]

Alba Nely Familia
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Santo Domingo, R.D.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, manifestó su preocupación por los criterios utilizados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCI)

Castaños Guzmán recordó que la Constitución dominicana, en su artículo 181, confiere al CNM la facultad de evaluar el desempeño de los jueces de las altas cortes. Y que esa es una función que debe ejecutarse conforme a los principios fundamentales del Estado social y democrático de derecho. Además, la separación de poderes y la independencia judicial.

De acuerdo con la Ley 138-11, el propósito de esta evaluación es determinar el cumplimiento de los deberes éticos y constitucionales de los jueces. Así como la calidad de sus decisiones y su compromiso con la tutela judicial efectiva. Sin embargo, las actas publicadas del proceso reciente evidencian vacíos sobre los indicadores aplicados, su objetividad y la metodología utilizada.

Castaños Guzmán advirtió que valorar factores como la aplicación de la Ley 2-23 o la cercanía a la edad de retiro obligatorio, por encima de otros criterios esenciales como la productividad jurisdiccional, la fundamentación jurídica, la ética y la transparencia debilita el propósito constitucional de una evaluación basada en el mérito. Y afecta la imparcialidad y la independencia.

Finalmente, el Castaño Guzmán alertó que una evaluación alejada de su mandato constitucional puede poner en riesgo la independencia judicial y la legitimidad del CNM. Y afectar la confianza ciudadana en el sistema de justicia dominicano.

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