PC llama a frenar la infiltración del narcotráfico en la economía y el sistema político dominicano

Santo Domingo.-El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) hace un llamado urgente a los actores económicos, al Gobierno y a los partidos políticos. La organización pide evitar que personas y recursos del narcotráfico se inserten en la economía y en el sistema político de la República Dominicana.

El pronunciamiento responde a informes recientes que vinculan a empresarios con estrechos lazos políticos, especialmente con el PRM, en actividades de narcotráfico y lavado de activos. Estas revelaciones han generado una profunda preocupación en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos estatales de control.

Participación Ciudadana resalta la necesidad de que los organismos de supervisión y los sujetos obligados, financieros y no financieros, fortalezcan sus controles conforme a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Solo así podrán impedir que recursos ilícitos penetren la economía nacional.

Partidos

Asimismo, PC insta a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a reforzar sus mecanismos de afiliación y de financiamiento privado, tanto directo como indirecto. Esta medida busca preservar la integridad del sistema político dominicano.

El movimiento también reitera su propuesta de que los partidos y candidatos sean considerados sujetos obligados no financieros bajo la Ley 155-17. Esta clasificación los obligaría a verificar el origen de los fondos de campaña. Con ello se reduciría el riesgo de que ingresen recursos provenientes del narcotráfico u otros delitos.

En cuanto al partido de gobierno, el PRM, PC reconoce su comunicado oficial en el que se desliga de los hechos ilícitos atribuidos a algunos de sus miembros o allegados. No obstante, advierte que la organización tiene una cuota de responsabilidad por haber permitido el ingreso de estas personas a sus filas o al financiamiento de sus actividades políticas.

Condenado

Casos como los del exdiputado Miguel Gutiérrez (condenado a 16 años en EE. UU.), la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, y los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, además de alcaldes y regidores del PRM, entre ellos Edickson Herrera, y otros más recientes como Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, solicitados en extradición, evidencian la urgencia de tomar medidas más drásticas.

En muchos de estos casos, las actividades sospechosas eran vox populi en las comunidades, lo que debió ser conocido por las dirigencias locales.

Por todo lo anterior, Participación Ciudadana reclama al Comité Nacional contra el Lavado de Activos —integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, la Procuradora General de la República, el Ministro de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Control de Drogas— que ejerza el poder reglamentario que le otorga la ley y clasifique formalmente a los partidos políticos y candidatos como sujetos obligados no financieros, con todas las implicaciones legales correspondientes.