Compras y Contrataciones aclara que contratos de SENASA con prestadoras de salud no se rigen por la Ley 340-06

Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) precisó este domingo que las contrataciones realizadas entre el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) no están bajo el ámbito de aplicación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Si no que se regulan conforme a la Ley 87-01 de Seguridad Social.

La institución aclaró que cuando se trata de empresas que no cuentan con habilitación como prestadoras de servicios de salud por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), los contratos sí quedan sujetos a la Ley 340-06. Y lo, por tanto, bajo el marco regulatorio de la DGCP.

En ese sentido, la DGCP recordó la resolución RIC-0109-2025, emitida el 15 de agosto de 2025. En la misma se dejó sin efecto la contratación de la empresa Farmacard, S.R.L. por parte de SENASA. Esto, debido a que no contaba con la acreditación necesaria como PSS.

“Este principio quedó claramente reflejado en la resolución RIC-0109-2025, que anuló la contratación de Farmacard por no contar con la habilitación exigida por la Sisalril”, subrayó la DGCP en un comunicado.

Coordinación interinstitucional

La DGCP informó que entregará a la Procuraduría General de la República y a la Unidad Antifraude de la Contraloría General toda la documentación sobre este caso. Y que la misma está disponible en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, acompañada de un informe de análisis de la contratación de Farmacard.

Finalmente, el órgano rector reiteró que su competencia no alcanza a las contrataciones con prestadoras debidamente habilitadas. Pero, sí interviene cuando el objeto contractual involucra a empresas sin autorización.

“Nuestro compromiso es garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta aplicación de la Ley 340-06 en los ámbitos de nuestra competencia”, sostuvo la entidad.

Con esta precisión, la DGCP busca fortalecer la confianza en los procesos de contratación pública. Y asegurar la debida coordinación con los organismos reguladores del sector salud y del Estado.