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Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República recibió este sábado un informe que detalla graves irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), con el objetivo de que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes.
El expediente lo depositaron por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán. Esto, en cumplimiento de la disposición del presidente Luis Abinader.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, recibió la documentación y aseguró que el mismo será tramitado conforme a los procedimientos legales establecidos.
De su lado, el vocero de la Presidencia, Félix Reyna, destacó que esta decisión refleja el compromiso “indeclinable” del mandatario con la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Actos sin excepciones ni privilegios, tal como reiteró en la más reciente edición de La Semanal con la Prensa.
Reyna también garantizó que los servicios de salud de Senasa se seguirán ofreciendo con la misma oportunidad, humanidad y eficiencia que caracterizan a la institución.
Antecedentes de la crisis en Senasa
El Seguro Nacional de Salud concentra más del 70% de los afiliados al sistema de seguridad social y atraviesa una de sus peores crisis financieras.
Desde diciembre de 2024, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) venía advirtiendo sobre incumplimientos de pagos a clínicas, médicos y centros de diagnóstico. Situación que provocó reclamos de prestadores y puso en riesgo la atención a millones de asegurados.
A estas dificultades se sumaron denuncias de corrupción interna, que incluyen:
- Sobornos para la asignación de códigos a proveedores de servicios médicos.
- La existencia de un call center paralelo que autorizaba y cobraba procedimientos de forma irregular.
- Reclamaciones fraudulentas y pagos indebidos, supuestamente avalados por funcionarios y exempleados vinculados a la administración pasada.
La situación generó un déficit millonario que obligó un rescate financiero con fondos de riesgos laborales, medida cuestionada por expertos y sectores sociales.
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