¿Reelección indefinida o autoritarismo? El caso Bukele reaviva el debate en América Latina

• El Salvador se une a la lista de países que han reformado sus constituciones para permitir la reelección presidencial indefinida. ¿Democracia o concentración de poder?

El reciente aval a la reelección presidencial indefinida en El Salvador ha reavivado un debate histórico en América Latina: ¿es este mecanismo una expresión de soberanía popular o un paso hacia el autoritarismo? La reforma constitucional, aprobada en tiempo récord por una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, permite al presidente Nayib Bukele aspirar a perpetuarse en el poder, extendiendo además su mandato de cinco a seis años y eliminando la segunda vuelta electoral.

El caso salvadoreño no es aislado. Es el último eslabón de una cadena de cambios constitucionales en la región que, bajo el discurso de la «voluntad popular», han allanado el camino para la concentración de poder. Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador ya transitaron por esta senda, con resultados que oscilan entre la erosión democrática y crisis políticas profundas.

Bukele se blinda: reelección indefinida y sin segunda vuelta

La reforma en El Salvador fue aprobada el 1 de agosto de 2025 con 57 votos a favor de los 60 diputados en la Asamblea, donde el partido Nuevas Ideas de Bukele tiene mayoría calificada. Los cambios incluyen:

Bukele, quien ya fue reelecto en 2024 gracias a un polémico fallo judicial que sorteó la prohibición constitucional vigente en ese momento, justificó la medida comparándola con sistemas parlamentarios europeos:

El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno», escribió en X.

Sin embargo, expertos señalan que la comparación es engañosa: en sistemas presidencialistas, donde el Ejecutivo y el Legislativo se eligen por separado, la reelección indefinida tiende a debilitar los contrapesos.

América Latina: Un patrón que se repite

El fenómeno no es nuevo. En las últimas dos décadas, varios países de la región modificaron sus constituciones para permitir la reelección indefinida, casi siempre bajo gobiernos con amplio control legislativo y judicial.

Venezuela: El precedente chavista

En 2009, Hugo Chávez impulsó un referéndum para eliminar los límites de mandatos, argumentando que «el pueblo debe decidir». Aunque en 2007 una reforma similar había sido rechazada, en 2009 logró su objetivo. Nicolás Maduro, su sucesor, ha usado este mecanismo para mantenerse en el poder desde 2013, en medio de denuncias de fraude electoral y represión.

Nicaragua: Ortega y la perpetuación en el poder

Daniel Ortega, presidente desde 2007, reformó la Constitución en 2014 para permitir la reelección indefinida. Con control absoluto de las instituciones, ha ganado tres elecciones consecutivas (2011, 2016, 2021), estas últimas marcadas por la persecución de opositores y el cierre de medios críticos.

Bolivia: El fallo judicial que cambió las reglas

Evo Morales gobernó desde 2006 hasta 2019. En 2016, el Tribunal Constitucional —con magistrados afines— declaró que los límites de mandato violaban sus «derechos políticos», permitiéndole postularse para un cuarto período. Sin embargo, su intento de perpetuación desató protestas y una crisis que terminó con su renuncia.

Ecuador: Correa y el retroceso democrático

Rafael Correa (2007-2017) promovió en 2015 una reforma para permitir la reelección indefinida, pero fue derrotado en las urnas. Aun así, su influencia en la Corte Constitucional permitió que su sucesor, Lenín Moreno, revirtiera el cambio en 2018, restableciendo los límites.

¿Reelección indefinida: Democracia o autocracia?

Los defensores de la reelección indefinida argumentan que es una expresión de soberanía popular. «El poder pertenece al pueblo», dijo la vicepresidenta del Congreso salvadoreño, Suecy Callejas. Pero la evidencia regional muestra riesgos claros:

• Concentración de poder: Sin límites, los presidentes controlan instituciones clave, como el Legislativo y el Judicial.
• Debilitamiento electoral: Se manipulan procesos electorales, se persigue a la oposición y se silencia a la prensa crítica.
• Crisis de legitimidad: Como en Bolivia (2019) o Nicaragua (2021), la perpetuación genera inestabilidad.