¿Modernización ambiental o monopolio fiscal? Reforma a la ley de Residuo Sólidos divide al país

Santo Domingo, R.D. – La reciente modificación a la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de los Residuos Sólidos ha encendido un intenso debate en la República Dominicana.

Aunque la iniciativa se presenta como un avance hacia la sostenibilidad y la modernización del sistema de manejo de residuos, diversos sectores empresariales y analistas advierten que podría tratarse de un proyecto que concentre poder económico y político, bajo el pretexto de una causa ambiental.

Uno de los puntos más controversiales es el artículo 20 de la ley reformada, que obliga a las cementeras a utilizar residuos sólidos nacionales como combustible alternativo. La Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM) expresó a Reporte Especial con Julissa Céspedes su rechazo a esta medida. El gremio considera una violación a la libertad de empresa y una imposición sin base técnica ni evaluación de impacto económico.

“El país no cuenta con la infraestructura ni con un mercado regulado que sustente esa obligación”, han señalado representantes de ADOCEM, quienes temen aumentos en los costos de producción y distorsiones en la libre competencia.

A este escenario se suma el fideicomiso DO Sostenible, que tendría la potestad de administrar los recursos provenientes de la gestión de residuos, definir tarifas y distribuir fondos entre las alcaldías. Esta centralización ha sido señalada como una amenaza a la autonomía municipal y a la equidad territorial, ya que podría prestarse a un uso político de los recursos en pleno contexto electoral.

Proyección fiscal de la reforma

Otro aspecto criticado es la proyección fiscal de la reforma. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente afirma que se requieren 6,000 millones de pesos para enfrentar el problema del manejo de residuos, el documento de reforma plantea una recaudación de hasta 26,000 millones de pesos. La suma genera sospechas sobre posibles fines recaudatorios ocultos.

La nueva estructura tarifaria también ha generado preocupación: se establece un rango que va desde RD$1,200 hasta RD$10 millones, además de un cobro adicional del 0.5% de los ingresos fiscales anuales del Estado. Esta carga tributaria afectaría principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Además de encarecer bienes y servicios para los consumidores finales.

Los críticos de la reforma advierten que el nuevo modelo podría crear un monopolio en la gestión de residuos, bloqueando la entrada de nuevos actores mediante contratos blindados y renovaciones automáticas. Esta dinámica ya se ha observado en la zona Este del país, donde un esquema popularmente conocido como “PacMan” (Que se lo come todo) impuso tarifas fijas a hoteles y comercios, generando fuertes críticas por su impacto en la competitividad.

Piden al Ejecutivo vetar Ley de Residuos Sólidos

Expertos y organizaciones del sector privado llaman al Poder Ejecutivo a NO promulgar  la reforma de la ley de Residuo Sólidos. Y abogan con que los  principios de la iniciativa impere la  transparencia, eficiencia y participación.

Alegan que, si bien es necesario modernizar el sistema de residuos, esto no debe hacerse a costa de la libre competencia, la sostenibilidad fiscal ni de la institucionalidad democrática.